Para encarar los déficit presupuestarios, los alcaldes se han visto obligados a limitar la jornada laboral y eliminar gastos de fiestas

El alcalde de San Germán, Isidro Negrón. (GFR Media)
El alcalde de San Germán, Isidro Negrón. (GFR Media)

El monumental declive en las arcas de muchos municipios por la ecuación catastrófica de una recesión, la congelación de transferencias del gobierno central y la quiebra del Banco Gubernamental de Fomento, terminó convirtiéndose en un abismo con la devastación que les dejó el huracán María y la burocracia de agencias federales, como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en reembolsar los gastos en que incurrieron para afrontar la emergencia.

Aguantar a fuerza de pulmón sin tomar medidas fiscales se hizo imposible para muchos alcaldes, que se vieron obligados a actuar para que los números rojos no siguieran escalando a velocidades supersónicas. Otros, sin embargo, no han tenido que recurrir a reducciones o imposiciones.

De los 53 alcaldes que respondieron un cuestionario enviado por El Nuevo Día a los 78 alcaldes, ninguno ha optado por alzas en patentes municipales.

Al menos 15 alcaldes confirmaron con sus respuestas que se vieron obligados a imponer una limitación en la jornada laboral. El peor escenario lo tienen Vieques, donde trabajan en un periodo parcial de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., y Adjuntas, donde los trabajadores permanentes trabajan jornadas de cinco horas y, los transitorios, de cuatro horas.

Mientras, tres alcaldes se redujeron el salario en un 10%: los de Añasco, Adjuntas y Salinas, Jorge Estévez, Jaime Barlucea y Karilyn Bonilla Colón, respectivamente.

Estévez y Barlucea también les bajaron el sueldo a sus equipos de confianza, en la misma proporción de 10%, así como José Guillermo Rodríguez, alcalde de Mayagüez, cuyo déficit se proyecta en $26 millones.

El alcalde de Vega Alta, Oscar Santiago, es el único que, contrario a la tendencia a la baja, les sumó una hora de trabajo a empleados que habían sufrido recortes para que puedan aplicar al plan de salud del municipio.

La situación de Cidra se agravó con el anuncio del cierre de la planta de Pepsi. Esa fue la gota que desbordó el vaso y se han visto en la necesidad de ejecutar un plan de cesantías. Vega Baja también tuvo que reducir la plantilla de trabajadores de confianza.

En Caguas, redujeron el bono de Navidad y pospusieron el pago por licencia de enfermedad, y en Barceloneta, cuyos números rojos se estiman en más de $6 millones, se vieron obligados a eliminar el bono de verano, a disminuir el bono de Navidad y a bajar la aportación al plan médico.

En Culebra y Salinas, los ayuntamientos cobran por recoger la basura, pero solo a comercios o zonas industriales. En Isabela y Añasco, ese servicio ya está privatizado, total o parcialmente, pero no les cobran a los ciudadanos.

El Municipio de Mayagüez les pidió una “compensación” de 50% a los departamentos de Educación y de Vivienda Pública por recoger de manera gratuita los desperdicios sólidos en estas agencias. En el caso de Naranjito, no es una decisión final, pero se comenzó a “evaluar” el cobro de este servicio a los negocios; y en Ceiba, está en “suspenso”, aunque sí lo harán por levantar los escombros y por el estacionamiento en la playa Los Machos.

Coamo ha tenido que limitar los servicios de brigadas y Caguas, la frecuencia del mantenimiento.

Ceiba está optando por ideas creativas, que no necesariamente son a corto plazo, para allegar fondos: la construcción de la Guarida del Marlin, que son cuatro kioscos que alquilarán para venta de comida y otros cinco kioscos en la plaza del mercado, así como establecer un “water taxi” desde la antigua base Roosevelt Roads a Vieques.

En al menos 11 municipios se recurrió a eliminar o reducir contratos, especialmente por servicios profesionales.

Un caso que destaca es el de Toa Baja, que logró una merma de 51%, especialmente porque había adoptado una ordenanza que declaraba al municipio en estado de emergencia, no por el huracán, sino por el gran déficit acumulado de $25,734,275. María estranguló más a ese pueblo, pero, más allá de las medidas de controles que ya había asumido, no se informó de planes adicionales.

En Caguas, cortaron el 80% de los contratos por servicios profesionales.

Siete municipios han decidido congelar las plazas de personal que renuncia o que se retira para lograr alivios. Esa también es una de las estrategias del gobierno central.

Cayey, por ejemplo, no sustituyó a 82 trabajadores que se fueron del municipio tras el paso de María.

Las finanzas en Hormigueros entran por primera vez en la escala de déficit, de alrededor de $600,000, y entre los ajustes que han tomado está una reducción en la aportación patronal al plan médico. En Río Grande, están analizando si los beneficios marginales sufrirán una merma.

En Orocovis, no han podido pagar las horas extra al personal que trabajó en la emergencia.

En Yauco, se proyecta un déficit presupuestario de $1 millón y el plan es amortiguar la deuda con fondos del programa federal Community Disaster Loan de FEMA.

Vega Baja eliminó los celulares, mientras que Las Marías y Cayey limitaron las compras. Comerío redujo los gastos por combustible.

Casi todos los municipios han optado por la reducción sustancial o eliminación de gastos para actividades culturales, fiestas, festivales o donativos. Los alcaldes entienden que ese dinero hay que ahorrarlo o usarlo en áreas más apremiantes.

Por ejemplo, en Ciales se cancelaron las fiestas patronales y en Aibonito no se podrán hacer festivales, promociones, donativos ni gastos en publicidad.

En Santa Isabel, las cuantiosas pérdidas en la actividad económica del pueblo han afectado, pero sus medidas se limitan a apoyar al sector privado y a fortalecer los procesos de fiscalización.

Aunque Cataño encaraun déficit de $14 millones, dice que no son necesarias medidas fiscales.

Loíza tenía un buen camino para cerrar con un superávit, pero el huracán no lo permitió. No ha impuesto medidas, así como tampoco Fajardo, Barranquitas y Bayamón, entre otros.

Morovis y Aguadilla dejaron esa pregunta en blanco.

Por Mabel M. Figueroa Pérez

Fuente: EL NUEVO DIA

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