Varios alcaldes y legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) solicitaron ayer al gobernador Ricardo Rosselló que continúe en conversación con la Junta Federal de Control Fiscal para evitar la implementación del …

Alcaldes y legisladores piden diálogo con la junta

Varios alcaldes y legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) solicitaron ayer al gobernador Ricardo Rosselló que continúe en conversación con la Junta Federal de Control Fiscal para evitar la implementación del presupuesto propuesto por el organismo federal y que pondría en peligro el pago del bono de Navidad a los empleados públicos.

El reclamo surge luego de que la jueza Laura Taylor Swain reconociera el poder del ente federal, creado bajo la Ley Promesa, para imponer su propio presupuesto y un plan fiscal sobre el aprobado por el gobierno y la Legislatura. Las expresiones de la jueza se dan en el marco de la demanda del gobierno contra el ente federal.

Tras recordar que la Cámara de Representantes había emitido una advertencia sobre lo que podría ocurrir si no se aceptaba el acuerdo alcanzado entre Rosselló y el presidente de la junta José Carrión, el representante José “Pichy” Torres Zamora expresó que “la negociación es la alternativa sabia para proteger al pueblo del presupuesto de la junta que es malo para Puerto Rico”.

“La decisión del tribunal federal valida las advertencias que hicimos junto al gobernador”, indicó.

En tanto, el senador y vicepresidente del PNP, Abel Nazario, sostuvo que la determinación judicial “validó los reclamos del gobernador en contra de nuestro estatus colonial, y la necesidad de llegar a un acuerdo para evitar que los más vulnerables sufran”.

Además, Nazario hizo un llamado a todos los funcionarios electos a trabajar junto al gobernador “para proteger a los más vulnerables, como se hacía con el acuerdo alcanzado y no ejecutado”.

Mientras que el presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, recordó que el presupuesto de la junta no contiene el fondo municipal de $50 millones. Este, según dijo, es necesario para poder continuar dándole servicio a los constituyentes. “La realidad colonial nos exige seguir luchando por terminar esa relación indigna y a sentarnos a buscar alternativas para no afectar a los más vulnerables”, señaló.

De la misma forma se expresó el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, quien sostuvo que “es momento de buscar consensos para asegurar un presupuesto y plan fiscal que incentive la recuperación de la Isla. Eso fue lo que había logrado el gobernador con el acuerdo con la Junta Federal de Control Fiscal”.

El acuerdo entre Rosselló y Carrión estaba sujeto a la derogación de la Ley de Indemnización por Despido Injustificado (ley 80).

Sin embargo, el proyecto de ley que realizaría ese cambio laboral no contó con el apoyo de la mayoría legislativa, incluyendo al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien en múltiples ocasiones se expresó en contra de dicha derogación.

Redacción, EL VOCERO

Fuente: EL VOCERO

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