Empleados cesanteados del municipio de Cidra alegaron que el alcalde, Javier Carrasquillo, incurrió en discrimen político, por género y por edad por poner en la calle a casi 200 empleados municipales, actos que el pri…

Alegan discrimen empleados cesanteados de Cidra

Empleados cesanteados del municipio de Cidra alegaron que el alcalde, Javier Carrasquillo, incurrió en discrimen político, por género y por edad por poner en la calle a casi 200 empleados municipales, actos que el primer ejecutivo municipal negó.

Estos exempleados ya radicaron un recurso legal ante el Tribunal Superior de Caguas y la Comisión Apelativa del Servicio Público. Ayer llegaron hasta el Capitolio para reclamar que se apruebe una resolución de investigación sobre la “metodología, procesos y criterios de selección utilizados por el alcalde para decretar la cesantía de aproximadamente 184 empleados”.

Varios de estos empleados ofrecieron ayer una conferencia de prensa en las afueras del Capitolio junto a Luis Pedraza Leduc, presidente del Programa de Solidaridad de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).

Leduc explicó que la UTIER llevaba un proceso de sindicación entre los empleados del municipio, pero afirmó que los despidos no están relacionados a este proceso de sindicación.

Afirmó que el municipio tenía otras alternativa antes de cesantear estos empleados, como hubiera sido un programa de retiro voluntario, reducción de la jornada laboral y reubicar o readiestrar a estos empleados.

Sin embargo, dijo, la opción del municipio fue traer empleados por contratos “y el resultado fue que los que más tiempo tienen, fueron despedidos y se quedaron los transitorios y los irregulares”.

Según dijo, la falta de fondos no es la justificación real de estos despidos. Enumeró que desde que comenzó el año fiscal el 1 de julio, el municipio ha otorgado $400 mil en contratos a 14 empresas.

“El municipio tiene ingresos que debieron considerar antes de los despidos”, dijo Leduc. “Hay dinero en Cidra. Hay alternativas para que la gente trabaje”.

Policías cesanteados

Myrna Trinidad fue por 24 años empleada de la policía municipal de Cidra y dijo que llevaba 28 años trabajando en el municipio antes de ser cesanteada.

“Yo no gocé de la confianza del nuevo comisionado y me fue despojando de mis labores y me tuvo en un escritorio sin hacer nada”, sentenció. “En el huracán Irma y María dimos la milla extra”.

Según dijo, fueron 15 los cesanteados de la policía municipal que ahora cuenta con nueve policías.

Carlos M. Rolón era teniente en esta policía y también fue cesanteado a pesar de estar cerca de su retiro.

“Yo entiendo que fui discriminado por edad”, sentenció.

Otros empleados cesanteados afirmaron que fueron despedidos por aparentar alianzas con Adalberto Reyes, quien corrió en primarias contra el alcalde.

Jenaro Pérez, quien es plomero y trabajaba como coordinador de servicios generales para el municipio, fue despedido. Atribuyó su despido a haber trabajado junto a Reyes para llevar luz al barrio Montellano.

“Desde la ayuda que di a Montellano, me discriminaron”, dijo Pérez.

Alcalde se defiende

El alcalde, por su parte, atribuyó los despidos al dinero que dejaron de recibir en patentes por el cierre de la fábrica de Pepsi en este municipio.

Este cierre, dijo, representó que el presupuesto operacional del municipio se redujera de $18 millones a $11 millones. La nómina, dijo costaba $10.5 millones.

“Yo tengo que comprender que es dramático, fue una decisión bien difícil”, dijo. “En ninguna de las clasificaciones se fue primero uno regular que uno transitorio. La ley nos permite implementar cesantías por clase. Si voy a reducir oficinista 1, reduzco transitorios e irregulares y eso se respetó como dispone la ley”.

Sobre la contratación de 14 empresas, el alcalde dijo que se trata de contratos por mantenimientos y otros servicios como sistemas de alarma y seguros.

“No son contratos de servicios profesionales ni consultoría”, dijo el alcalde. “Son contratos para compra de materiales de oficina, limpieza; son contratos esenciales para la operación y poder garantizar la prestación de servicios”.

Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO

Fuente: EL VOCERO

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