El gobierno de Puerto Rico ha recibido cerca de un 10% de las asignaciones federales

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Al momento, el dinero que ha recibido la isla como parte de la asistencia federal para atender los estragos que dejó el huracán María, quedan por debajo de las proyecciones de la JSF.

Washington – El gobierno federal ha aprobado alrededor de un tercio de la asistencia que las autoridades electas de Puerto Rico consideran se necesita para la recuperación y reconstrucción de la isla, pero casi nueve meses después del huracán María, solo una pequeña parte de esos fondos han sido desembolsados.

Mientras el gobierno de Puerto Rico ha estimado que se requieren $94,400 millones para reconstruir el país, las asignaciones federales prometidas rondan los $31,600 millones, según un análisis de El Nuevo Día.

Sin embargo, los desembolsos de fondos que tienen un impacto directo en la economía de la isla rondaban a principios de mes los $3,200 millones.

El total de dinero entregado a Puerto Rico queda en este momento por debajo de las proyecciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a cargo de las finanzas públicas, que en su plan fiscal revisado estimó que este año fiscal, que concluye en 16 días, $5,965 millones en fondos de asistencia federal entrarían a la economía de Puerto Rico.

Distinto al estimado del gobierno de Puerto Rico, la JSF calculó, en su plan fiscal, en $80,000 millones los daños causados por el huracán María, y que el gobierno federal invertirá $60,000 millones en la recuperación y reconstrucción de la isla.

El propio plan fiscal de la JSF proyecta que, en promedio, solo el 12.5% de los fondos dirigidos a mitigar los daños causados por el huracán “impactarán directamente la economía local”.

La casa acreditadora Moody’s coincidió esta semana con la JSF.

“Esperamos que la asistencia federal tenga un efecto multiplicador menor que cuando se despliega en el continente y en economías más dinámicas. Esto se debe a que una gran parte del dinero de la ayuda federal no se quedará en la isla, dadas las limitaciones de mano de obra y materiales. Se necesitará importar de forma significativa mano de obra y equipo, lo que hará que las ganancias sean capturadas por empresas del continente”, agregó un informe de Moody’s, que prevé un decrecimiento de la economía, este año, de entre 6% y 7%.

De todos modos, la JSF ha previsto un crecimiento económico de 6.5% para el próximo año fiscal, optimismo que es cuestionado.

Para el economista Gustavo Vélez, el impacto de la asistencia federal a la isla y los proyectos de infraestructura estará también vinculado a “cuántas de esas empresas (estadounidenses)” que obtendrán los principales contratos, como ha sucedido con la restauración del sistema eléctrico, subcontratarán “a nivel local”.

“Creo que va a haber un dinamismo, pero están sobreestimando el efecto económico que (laasistencia federal)va a tener”, indicó Vélez, al comparar las proyecciones relacionadas con la asistencia pos-María a lo que sucedió con los $7,000 millones recibidos bajo la ley de estímulo económico ARRA, que solo impactó un año positivamente la economía.

Bajo el plan fiscal revisado de la JSF, se proyecta que se distribuirán $62,000 millones en fondos federales y privados para los esfuerzos directamente centrados en la reconstrucción.

Mientras la JSF calculó que $5,965 millones entrarían a la economía este año fiscal, consideró que $7,392 millones y $7,215 millones en fondos de asistencia federal relacionada al huracán se recibirían en los años fiscales 2019 y 2020, respectivamente.

Los cerca de $3,200 millones entregados directamente a Puerto Rico incluyen los fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para familias y gobiernos locales, las primeras asignaciones de Medicaid y los $1,270 millones en asistencia alimentaria aprobados en octubre pasado.

En el caso de los fondos de asistencia alimentaria de emergencia -que tienen una duración de 12 meses-, el Departamento de la Familia había distribuido hasta el lunes $413.8 millones y agregado 149,928 personas al Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

Independientemente, FEMA había pagado, hasta principios de mes, otros $1,554 millones a las empresas estadounidenses contratadas por el Cuerpo de Ingenieros para la restauración del sistema eléctrico.

“Es muy optimista el estimado del plan fiscal”, subrayó José Alameda, profesor de Economía en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), al indicar que las proyecciones sobre el crecimiento de la economía no deben partir de la premisa de que se va recibir todo el dinero que puede obtenerse.

Alameda, por ejemplo, mencionó las restricciones que ha impuesto el Congreso en torno al acceso de fondos de emergencia y que el impacto de los pagos de seguros privados se fundamentan en estimados hechos a base de la experiencia del huracán Katrina, ocurrido en 2005 y que asoló particularmente al estado de Luisiana.

El Nuevo Día publicó la semana pasada que solo el 32% de las reclamaciones han sido pagadas y que se han transado por menos de la mitad de los daños estimados.

La mayor parte de la asistencia federal de emergencia -$20,000 millones-, se ha asignado bajo el programa de desarrollo comunitario para la recuperación de desastres (CDBG-DR) del Departamento de Vivienda federal (HUD).

Pero el uso de los primeros $1,500 millones, que incluirán una porción para reparar viviendas, no estará definido hasta agosto y, para conocer el uso de los restantes $18,500 millones, probablemente habrá que esperar a finales de año. De una u otra forma, los fondos de CDBG entrarán en gran medida a la economía de Puerto Rico a partir de 2019.

Las asignaciones federales aprobadas incluyen $4,800 millones en fondos de Medicaid, lo que supone un alivio directo en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico durante los próximos 18 meses. Hasta la semana pasada, el Departamento de Salud había reclamado de esos nuevos fondos de Medicaid, retroactivo a enero, $377 millones en los pagos de primas a aseguradoras y $7.2 millones para financiar gastos administrativos de la Administración de Servicios de Salud (ASES) y Medicaid.

FEMA confirmó, por otro lado, que ha distribuido $1,310 millones para familias cuyas viviendas sufrieron daños o pérdidas. Hasta el 31 de mayo, había reembolsado $144.47 millones a municipios bajo el programa de asistencia pública. Entre los municipios, Bayamón, con $10.3 millones, Toa Alta, con $8.5 millones, y San Juan, $7.7 millones, eran los que más dinero habían recibido por preparativos o recogido de escombros.

La inversión en la AEE

El sector con la mayor parte de los desembolsos –alrededor de $1,554 millones-, es el relacionado a la restauración del sistema eléctrico, financiado por FEMA.

La restauración de la red eléctrica confirma el temor de que muchos de los contratos queden en manos de empresas estadounidenses. Por ejemplo, el Cuerpo de Ingenieros suscribió acuerdos con empresas de EE.UU. que totalizaron $1,456.8 millones, de los cuales FEMA ha reembolsado $625.9 millones.

A Fluor Corporation –con base en Irving, Texas-, el Cuerpo de Ingenieros le extendió contratos que sumaron $755 millones para el restablecimiento de líneas de transmisión y distribución.

Hasta la semana pasada, a Fluor, FEMA le había pagado $324.6 millones. Con PowerSecure, de Carolina del Norte, los contratos sumaron $523 millones. FEMA indicó que ha procesado pagos de hasta $171.3 millones.

El Cuerpo de Ingenieros también acordó un contrato de $57.4 millones con Aptim Federal Services, de Alexandria (Virginia), para proveer temporalmente energía a la planta de Yabucoa de la AEE. A Aptim, FEMA le ha pagado $38millones. Un contrato parecido con Weston Solutions, para proveer 50 megavatios de capacidad a la planta de Palo Seco, totalizó $121.4 millones con Weston Solutions, de Pensilvania. Weston ha recibido $92 millones.

Los contratos otorgados por la AEE para restablecer el servicio eléctrico han rondado los $1,544 millones. FEMA ha desembolsado los $945.4 millones pactados por la AEE con Cobra y $36.9 millones a Whitefish, que protagonizó un escándalo en plena emergencia.

La AEE también suscribió contratos valorados en $425 millones con empresas públicas estadounidenses y $4.2 millones con “contratistas locales”.

En octubre pasado, el Congreso abrió una línea de crédito de $4,900 millones para ayudar principalmente a Puerto Rico y las Islas Vírgenes a mitigar la pérdida de ingresos a causa del huracán.

Pero, mientras 19 municipios de Puerto Rico han tenido acceso a $92.8 millones e Islas Vírgenes estadounidenses a por lo menos $371 millones, el gobierno central puertorriqueño no ha podido demostrar al Tesoro federal que necesitaba el dinero con urgencia.

En teoría, sin embargo, el Tesoro ha dicho que el gobierno central de Puerto Rico podrá reclamar, de necesitarlo, hasta $2,065 millones, y que la línea de crédito puede estar disponible hasta marzo de 2020.

Por José A. Delgado Robles

Fuente: EL NUEVO DIA

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