El gobernador Ricardo Rosselló tendrá nuevamente ante sí un proyecto que propone reducir de $50 a $15 las multas de Autoexpreso.

En manos de Rosselló reducción de las penalidades

El gobernador Ricardo Rosselló tendrá nuevamente ante sí un proyecto que propone reducir de $50 a $15 las multas de Autoexpreso.

Una medida anterior que impulsaba esta misma reducción fue vetada por el gobernador, quien luego envió a la Legislatura otra iniciativa con similar intención de bajar a $15 las penalidades. La Junta Federal de Control Fiscal ya advirtió que este proyecto no cumple, según dijeron sus integrantes, con el plan fiscal aprobado.

El Senado enmendó la medida en la sesión del lunes para añadir que, cuando se desactive un sello de AutoExpreso, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) deberá notificarlo a los conductores. La Cámara avaló ayer este cambio, con lo cual el proyecto pasa ahora a La Fortaleza.

Camino a la mansión ejecutiva va también el proyecto que busca eximir a los municipios de aportar el dinero que deben enviar al plan de salud del gobierno, al menos para el presupuesto de 2018-2019.

Cámara investigará los viajes de Carmen Yulín

Por otra parte, la Cámara aprobó una resolución para investigar “el número de viajes que la alcaldesa del Municipio de San Juan, Carmen Yulín Cruz, ha realizado al exterior en los pasados dos años, la fuente de los fondos utilizados para costear los mismos, los potenciales conflictos de interés que se han generado entre la alcaldesa y los grupos privados que han auspiciado algunos de sus viajes”.

La resolución fue propuesta por el representante penepé Jorge Navarro. La discusión de esta resolución se tornó álgida en la Cámara cuando el representante popular Luis Vega Ramos objetó la misma y recordó el incidente en el que Navarro fue grabado en un acercamiento a una mujer durante un viaje oficial en Estados Unidos.

La resolución argumenta desde ya que los viajes de Cruz son pagados con fondos públicos y “se alega son disfrazados por la alcaldesa como viajes de asuntos oficiales de la ciudad capital. Sin embargo, todo apunta a que ninguna resolución u ordenanza municipal autoriza a la alcaldesa a incurrir en estos gastos indebidos y potencialmente ilegales”.

En su sesión, el Senado aprobó una resolución endosando la suspensión temporera de las leyes de cabotaje para Puerto Rico, esto como parte del proceso de reforma energética. El vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, pidió que se lleve esta resolución a la reunión del Southern States Energy Board, donde se discutirá el proceso que sigue la Isla para crear un marco energético y política pública de cara a la venta y privatización del sistema eléctrico.

Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO

Fuente: EL VOCERO

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Temas: Categorías: America Puerto Rico

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