Los consultores del gobierno trabajan 478 estimados de costos, pero FEMA ha dado paso a siete

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FEMA tiene sobre 800 trabajadores dedicados a tramitar tanto la solicitud de fondos para proyectos de respuesta a la emergencia así como de reconstrucción permanente. (GFR Media) (Gerald López Cepero)

El gobierno de Puerto Rico tiene exactamente un año para alcanzar un acuerdo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) sobre los estimados de costo de cada una de las obras de reconstrucción permanente, en las que proyecta invertir alrededor de $37,000 millones de fondos federales del Programa de Asistencia Pública.

Hasta que las partes no logren un entendido, no hay certeza de que se desembolsen los fondos necesarios para desarrollar los proyectos de reconstrucción.

Aunque el período de 18 meses que otorgó FEMA en abril para dirimir el asunto parecería suficiente, durante el primer semestre, solo se han aprobado siete estimados de costo, de los 478 que la administración de Ricardo Rosselló Nevares le ha presentado a la agencia federal, según cifras oficiales hasta el jueves pasado.

En entrevista con El Nuevo Día, el director de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (OCRR), Omar Marrero, atribuyó la demora en el desembolso de fondos para la reconstrucción a que FEMA todavía tiene a la mayoría de su personal asignado a la fase de respuesta y emergencia, que incluye la eliminación de riesgos a la vida y la propiedad.

Hay una realidad: hay un taponamiento en las distintas formulaciones de proyectos de parte de ellos, y nosotros estamos solicitando priorizar”, observó Marrero.

Las manecillas del programa comenzaron a correr desde abril, al publicarse la guía para la reconstrucción permanente en Puerto Rico. El gobierno tiene hasta octubre de 2019 para firmar un acuerdo de costos con la agencia federal. Después de esa fecha, ninguna obra será elegible “para su consideración o inclusión en un subsidio de costo fijo”, lee el documento, aunque permite extensiones en casos excepcionales.

Los 819 trabajadores de FEMA asignados al Programa de Asistencia Pública tramitan tanto las peticiones de respuesta a la emergencia como los proyectos de reconstrucción permanente, que se conceptualizan como obras de recuperación a largo plazo.

La agencia ha recibido 970 solicitudes formales para financiar proyectos de remoción de escombros y protección en la emergencia, tipificados bajo las categorías A y B del programa. Al mismo tiempo, tienen ante su consideración 85 hojas de trabajo -como denominan las peticiones- de proyectos de reconstrucción permanente, bajo las categorías C y G. De estas, han obligado poco más de una tercera parte, dijo el portavoz de FEMA, Juan A. Rosado.

Sin embargo, antes de que FEMA reciba una hoja de trabajo solicitando el financiamiento de obras de reconstrucción, las guías federales le requieren al gobierno estatal completar cuatro pasos para adelantar cualquier proyecto: describir los daños, definir el alcance de los trabajos, proponer un plan de mitigación de riesgos y desarrollar estimados de costo. Es en ese último punto donde Marrero afirmó que hay retrasos.

La negociación para fijar los costos “es un proceso bien técnico, pero fundamental”, admitió Marrero, pues el Estado tendrá que pagar cualquier gasto adicional en el que incurra por encima de lo estimado. El Congreso adoptó esta política con la intención de incentivar la costoeficiencia y ahorrar dinero federal.

No bailan al compás

Para realizar todo ese proceso, la OCRR cuenta con 400 trabajadores, contratados a través de la firma ICF Incorporated, a un costo de $181 millones, según el documento registrado en la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Marrero indicó que sus inspectores han completado 2,566 visitas y 1,939 evaluaciones de daños de las obras de infraestructura pública que podrían cualificar para el financiamiento de FEMA. Asimismo, los contratistas gubernamentales han definido el alcance de los trabajos para 648 proyectos y han presentado 478 estimados de costo, de los cuales solo se han firmado siete.

Estos procedimientos se dan a través de la sección 428 de la Ley Stafford, que permite construcciones resistentes a desastres futuros al fijar los costos por adelantado.

“No podemos caer en la tentación de pensar que no se está haciendo nada”, planteó el director de la oficina creada mediante Orden Ejecutiva, en defensa de lo que ha descrito como un proceso extenso de negociación entre los tasadores de ambas entidades.

Tomará tiempo

La agencia dirigida por Brock Long -y que tiene a Michael Byrne como oficial de recuperación de Puerto Rico- solo ha aprobado ocho evaluaciones de daños y ocho definiciones de alcance de los trabajos de reconstrucción permanente.

El coordinador federal alterno de FEMA en Puerto Rico, Justo Hernández, admitió a este diario que solucionar los problemas de infraestructura de Puerto Rico tomará tiempo por la necesidad de contar con planes de diseño e ingeniería para las obras propuestas por Rosselló Nevares en su plan de recuperación. Asimismo, dijo que el personal de la agencia está todavía dedicado a tareas de respuesta a la emergencia, por lo que su tiempo y atención están divididos entre distintos proyectos.

Todavía tenemos agentes que están respondiendo. No podemos sacarlos de esa respuesta para obligarlos a empezar a trabajar en el proceso de recuperación”, comentó Hernández.

Su agencia todavía tiene 53 generadores eléctricos ubicados en bombas de control de inundaciones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y en plantas de filtración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), relató.

Detalló que, “de ahora en adelante, todos los procesos y proyectos van a ser procesos largos, proyectos grandes, que van a tomar tiempo”, pues aquellas obras ubicadas cerca de cuerpos de agua requieren estudios hidrológicos y de inundabilidad, por mencionar un ejemplo.

Pedido a trump

El director de la OCRR ha llevado un reclamo a la Casa Blanca, a la Oficina de Presupuesto y al Tesoro federal para que finalicen la fase de respuesta lo más pronto posible y, de este modo, FEMA concentre sus energías en los proyectos de reconstrucción permanente, a un año de que venza la fecha límite para acordar los desembolsos.

Para Hernández, el período restante es suficiente para llegar a acuerdos con el gobierno sobre los estimados de costo de las cientos de obras públicas que se disponen a reconstruir en Puerto Rico. Indicó que si el tiempo se agota antes de conseguirlo, “lo tomaremos caso por caso y extenderemos de acuerdo” con la necesidad. “Vamos a acomodar las necesidades de Puerto Rico de la mejor manera posible”, reiteró.

Las primeras obras

Entre las obras que el gobierno pretende reconstruir, se encuentra un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), cuyo costo estimado se triplicó. “No es reparar; es tumbar y reconstruir porque, entre los daños que se identificaron, está que había moho, humedad y una situación ambiental que no se podía corregir”, planteó.

Algo similar ocurrió con un residencial público, cuyo costo aumentó más de cuatro veces durante la negociación.

Marrero relató que los inspectores se han topado con situaciones en que quienes hicieron los estimados de FEMA fallaron en verificar defectos estructurales, como comején u hongo. Esto provoca que soliciten reconsideración. “Están verificando todos esos trabajos, particularmente porque el 70% de los trabajadores de FEMA son nuevos”, apuntó.

Marrero rechazó divulgar las primeras obras públicas en las que se invertirá dinero federal hasta tanto pase por la aprobación del panel de expertos.

Por Laura M. Quintero

Fuente: EL NUEVO DIA

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Temas: Categorías: America Puerto Rico

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