Buscar la explicación de los males argentinos en los inmigrantes es un defecto tan actual como repetido. La historia de ese odio constituye uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia

Transcurrían las primeras horas del 1° de enero 1872. La ciudad de Tandil descansaba de los festejos por la llegada del año nuevo y disfrutaba de una exquisita tranquilidad tras un largo tiempo sin malones. Esa paz fue destrozada por la irrupción de una columna de 50 gauchos liderados por Geronimo Solané, un curandero con fama de pendenciero que se hacía llamar “Tata Dios”. Era el mismo que había advertido días antes que “los extranjeros son la causa de todo mal y por lo tanto hay que exterminarlos”.
En las horas siguientes la ciudad se tiñó con sangre. 36 hombres, mujeres y niños fueron lanceados, acuchillados o degollados. Todos ellos eran inmigrantes italianos, vascos, franceses y escoceses que habían dejado sus países para rehacer su vida en las pampas. A la mujer de un vasco se le perdonó la vida solo por ser argentina. La mayoría de los asesinados cayó en una caravana de carretas que había acampado en las afueras de la ciudad mientras buscaban un sitio para asentarse.

“Tata Dios” y su lugarteniente, Esteban Lasarte, fueron juzgados por la masacre junto a una docena de sus cómplices. Alguien le disparó a Solané el 6 de enero cuando estaba en la celda y le evitó ser fusilado en público. Lasarte, condenado a muerte, llevó su odio hasta el final, al pedir “que ningún italiano me toque ni aun el chiripá”.

La masacre demostró que el odio hacia el inmigrante comenzaba a calar hondo entre algunos de los sectores de la población criolla. Recién se iniciaba la llegada más numerosa de inmigrantes a la Argentina y la reacción se mostraba tan violenta como extendida. “Tata Dios” no era el único que lo expresaba. En algunos círculos más cultos, circulaban esas mismas ideas y pronto se iban a convertir en una multitud de leyes y reglamentos contra los inmigrantes y, en particular, contra algunas nacionalidades y razas determinadas.

Es que la política de inmigración promovida por Domingo F Sarmiento y otros integrantes del liberalismo e incluso a través del texto constitucional de 1853, no estuvo exenta de resistencias.

Es lo que pudo comprobar en 1881 el presidente Julio A. Roca. Al enterarse del asesinato masivo de judíos en Rusia, el mandatario emitió el 6 de agosto de ese año un Decreto para designar a José María Bustos como agente honorario con el fin de atraer a Argentina a los hebreos que escapaban de la policía del Zar Alejandro I. Al conocerse la medida, el diario La Nación publicó una furiosa editorial en la que expresaba su oposición a la llegada de “elementos heterogéneos que ni se asimilan a él y pueden más bien producir su descomposición o su envenenamiento”

El escritor Manuel de Estrada apoyó la postura del diario y culpó a los judíos de haberse complotado para llevar al presidente Roca a tomar la decisión de separar al estado de la Iglesia.

La reacción era consecuencia directa de la llegada de 2,7 millones de extranjeros a la Argentina desde 1870 en adelante. Semejante ola migratoria había provocado una conmoción sin precedentes en la cultura local. Las estructuras tradicionales se vieron confrontadas con las nuevas costumbres que traían los inmigrantes y una evidente marginalidad entre las multitudes que atiborraban las ciudades en busca de un modo de sobrevivir. En parte, ese hacinamiento se explicaba por la entrega de grandes latifundios a las familias cercanas al poder, en lugar de parcelar el inmenso territorio disponible y colocar a la inmensa mayoría de labradores que llegaban desde Europa y otros continentes como lo estipulaba la “Ley Sarmiento”.

La gran inmigración ultramarina proveniente de Europa comenzó alrededor del 1880
La gran inmigración ultramarina proveniente de Europa comenzó alrededor del 1880

En un marco de creciente descontento, comenzó a pensarse en un marco regulatorio que sirviera a la “profilaxis” social y ahuyentara los temores de los criollos por un estallido social y lo que veían como un desplazamiento por parte de los inmigrantes en el uso de los recursos disponibles.

La primera y más importante de las leyes para prevenir el descontento entre los inmigrantes estuvo dirigida a controlar a los grupos anarquistas y socialistas que crecían entre los conventillos sobrepoblados de extranjeros. El diputado Miguel Cané propuso expulsar a los extranjeros que por sus actividades resultara un problema para la estabilidad local. La Ley Cané comenzó a ser debatida en 1899 y aprobada en 1902. Se la conoció como “Ley de Residencia” o “Ley Cané” y fue usada para arrestar y deportar a 600 activistas políticos al día siguiente de su promulgación. Y se siguió usando para hacer “limpieza política”, pero también para deshacerse de delincuentes comunes extranjeros que sumaban número a las atiborradas cárceles locales. Unas tres cuartas partes eran italianos que habían usado un acuerdo bilateral que les permitía emigrar a la Argentina para no cumplir penas en su país de origen.

El problema surgió cuando la ley 4144 fue usada años más tarde para impedir la llegada de inmigrantes de “razas no deseadas”, a las que se les imputaba alguna clase de activismo político cuando en realidad la negativa se originaba en que pertenecían a grupos judíos, eslavos o gitanos perseguidos por los grupos fascistas en los países europeos. La prohibición a darles refugio significó en muchos casos su muerte en los campos de exterminio, tal como sucedió con un grupo de judíos argentinos que el diplomático Luis Irigoyen se negó a rescatar de las garras de la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial.

La discriminación contra los inmigrantes de determinado origen fue el gran ordenador de las políticas de xenofobia selectiva en la Argentina desde 1900 en adelante.

Una nueva Ley de 1910, que fue conocida como “de Defensa Social”, habilitó al Poder Ejecutivo a proceder a la expulsión en tres días y sin juicio previo de todo extranjero que fuera sospechado de tener alguna conducta criminal. La norma también servía para impedirle el ingreso a aquellos que tuvieran antecedentes penales en su tierra natal. La tarea de revisar los prontuarios quedó a cargo de los consulados argentinos y en los hechos sirvió para negarles las visas a conocidos activistas de izquierda y, como era de esperar, a los inmigrantes de nacionalidades, razas o religiones no aprobadas por la cultura imperante.

Esa legislación nacía junto a la consolidación de la idea de que era necesaria una política activa de selección de determinado tipo de inmigración, un concepto que venía siendo arrastrado desde los tiempos en que Sarmiento alababa la llegada de ciudadanos de países sajones y degradaba a otras nacionalidades y etnias a las que consideraba inferiores.

José Ramos Mejía, el gran hombre de las ciencias médicas argentinas, fue uno de los que propuso que los inmigrantes judíos fueran enviados a una cuarentena en la isla de Martin García para evitar que trajeran la enfermedad del Tifus, pese a que esa plaga existía desde hacía décadas en la Argentina. Esa isla era considerada en ese entonces como un sitio de prisión y destierro para criminales.

Otra de las figuras famosas que se sumó al racismo selectivo fue el escritor Antonio Argerich, que en esos días decía “me opongo franca y decididamente a la inmigración inferior europea, desastrosa para los destinos que legítimamente puede y debe aspirar la República Argentina”. Se refería a los italianos de las zonas más pobres de la península, a los que pedía se les negara la entrada al país.

Josef Mengele, uno de los criminales nazis que se refugiaron en Argentina
Josef Mengele, uno de los criminales nazis que se refugiaron en Argentina

Máspero Castro, Director Nacional de Aduanas durante las presidencias de Castillo y Ortiz, opinaba que la inmigración era una oportunidad para “la mejora de la raza y de nuevas ideas para una mejor organización social”. Otro que dirigiría luego la oficina de migraciones, Isidoro Ruiz Moreno, propuso reformar la Constitución para impedir la llegada de inmigrantes negros y asiáticos a la Argentina.

El general Proto Ordoñez, ex gobernador militar de la Patagonia, embistió contra los orientales, a los que descalificaba porque creía que iban a quitarles el trabajo a los trabajadores criollos. La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA opinó que era preferible estimular la llegada de migrantes del norte de Europa para contrarrestar “nuestros hábitos, demasiado latinos”. Horacio Beccar Varela, un dirigente cristiano de peso y futuro ministro del general Uriburu, hizo una curiosa elaboración científica para explicar su rechazo a los inmigrantes eslavos rusos: “es innegable que el cerebro de los que fueron súbditos de (el Zar) Nicolás puede considerarse enfermo. Es algo como una locura colectiva de la que conviene precaverse. Excluyo a los agricultores y prefiero a los iletrados, porque el agricultor perdido en las campañas, es un peligro mucho menor, y el iletrado en Rusia es un peligro mucho menor…”

El punto álgido de la xenofobia selectiva fue una orden secreta que fue usada para negarle el ingreso a los que huían de la barbarie nazi. Fue emitida en 1938 por el canciller José María Cantilo durante el periodo conservador y se la conoció como “Circular 11”. Fue enviada a todos los jefes de aduanas, cónsules y embajadores argentinos en Europa. Su texto, ordenaba que le fuera negada la visa argentina “a toda persona que fundadamente se considere que abandona su país como indeseable o expulsado, cualquiera sea el motivo de su expulsión”.

Con la llegada del peronismo en 1946, la selección racial de los inmigrantes se convirtió en política de Estado. Santiago Peralta era a la vez director nacional de Migraciones desde la dictadura militar de 1943 y jefe del Instituto Étnico Argentino, una institución creada para organizar “racionalmente” la composición racial de los argentinos. Diana era un furioso antisemita admirador de Adolfo Hitler y autor del libro “La acción del pueblo judío en la Argentina” en donde señalaba a los hebreos de ser culpables de todos los males argentinos con frases del estilo: “aprovechan la situación anormal y social del pueblo para defenderse y aplicarle los sabios principios de conquista para los pueblos cristianos que están claramente establecidos en sus protocolos de la conferencia de Basilea de 1897”.

En consecuencia aplicó una política extremadamente rígida para el ingreso de inmigrantes judíos, eslavos, árabes, asiáticos y negros. En contraposición, estimuló la llegada de inmigrantes sajones y latinos occidentales. Peralta fue reemplazado por Pablo Diana en julio de 1947, que era igual de pro nazi, pero más discreto. En el período peronista, se les concedió la visa de entrada a unos 30.000 “refugiados”, la mayoría de ellos criminales de guerra alemanes o colaboracionistas de otros países, mientras que solo se autorizó el ingreso de 1.878 judíos. Las cantidades de visas otorgadas a árabes, orientales y negros son muy inferiores. En el mismo lapso, se permitió el ingreso de 10.286 ciudadanos alemanes.
La política migratoria mantuvo parámetros similares durante los años posteriores, dado que las leyes de ingreso permanecieron prácticamente sin modificaciones. Incluso hubo que esperar al año 2005 para que la “Circular 11” fuera dejada sin efecto.

En las décadas siguientes, comenzaron a escucharse voces contra la migración proveniente de países limítrofes y en particular contra los inmigrantes chilenos, a los que se acusó de actuar como agentes de su gobierno para poblar la Patagonia y sostener los reclamos territoriales de ese país en zonas fronterizas. En julio de 1965, la muerte del cabo chileno Hernán Marino durante un incidente en la zona de Lago del Desierto durante el gobierno de Arturo Humberto Illía, disparó los artículos que analizaban la llegada de chilenos desde una perspectiva conspirativa.

La creciente resistencia a la presencia de inmigrantes de países limítrofes hizo que su sucesor, el dictador Juan Carlos Onganía, emitiera el decreto 17.294/67 que prohibía que los residentes ilegales fueran contratados y autorizaba a sus empleadores a despedirlos sin indemnización en tanto permanecieran como residentes en situación irregular. La amnistía a extranjeros indocumentados ordenada por Perón hasta 1951, dejaba en situación de particular vulnerabilidad a muchos de los ciudadanos provenientes desde países vecinos que llegaron en una oleada posterior a esa norma.

Alejandro Biondini, presidente del Partido Vecinal
Alejandro Biondini, presidente del Partido Vecinal

Con la llegada de la década del setenta, la violencia política tuvo su capítulo contra los inmigrantes. El 25 de mayo de 1974 fue asesinado el dirigente social Alberto Chejolán frente al edificio del ministerio de Obras Públicas. Le disparó un policía a quemarropa cuando participaba de una manifestación. La revista “El Caudillo” que oficiaba de vocero de la Triple A, publicó en esos días un artículo en el que resaltaba la nacionalidad boliviana de Chejolán y afirmaba que “A Chejolán lo mataron los Montoneros (…) que se apoyan en los bolivianos para joder a Perón (…) en la Argentina de Perón los primeros que tienen que comer son los Argentinos. Aquí el pueblo criollo tiene preferencia sobre los bolivianos”. Igual de sutiles fueron los grupos de izquierda, que al tomar como objetivo de sus bombas a instituciones vinculadas con países que consideraban enemigos, no tuvieron reparos en incluir a colegios primarios como el instituto porteño Lange Ley. Tampoco en asesinar al cónsul John Patrick Egan por el solo hecho de ser estadounidense.

El siguiente episodio de furia contra los inmigrantes llegó con la crisis fronteriza con Chile en 1978. A horas de desatarse una guerra, finalizó el operativo de expulsión de más de 3.000 ciudadanos chilenos residentes en la Argentina, hecho que fue cubierto por la prensa local como un acto justificado de defensa nacional.

Y la furia contra los chilenos regresó durante la Guerra de Malvinas. La colaboración del régimen de Pinochet con el gobierno inglés provocó nuevos ataques en la prensa contra la comunidad chilena, que fue alegremente acusada por los pecados que cometía el dictador chileno. Y a esa furia se le sumó el ataque contra personas y lugares relacionados con Gran Bretaña. Es el caso del Bar Británico en San Telmo, que debió cambiar su nombre por “Bar Tánico” para que dejaran de romperle las vidrieras a pedradas. Y lo mismo hicieron los dueños del “Bar Britannia” de Caballito, que decidieron ponerle el nombre de “Bar Tannia” para evitar represalias similares. En esos días, fueron pocos los periodistas que se solidarizaron con Andrew Graham Yool, un periodista tan argentino como Diego Armando Maradona, pero que a causa de su origen británico fue apaleado en plena calle por un grupo de tareas mientras la guerra llegaba al cenit en torno a las Malvinas.

La conclusión de la Dictadura no trajo armonía. Por el contrario, alentó a los grupos xenófobos hasta un extremo insoportable. Las huestes del Partido Nuevo Triunfo liderado por Alejandro Biondini comenzaron a agitar la idea de limitar el ingreso y la permanencia de determinados grupos nacionales, entre los que incluía a todos los provenientes de países limítrofes. El Partido Nuevo Orden Social y Patriótico (PNOSP) liderado por el ex lugarteniente de Biondini, Alejandro Franze, fueron un poco más allá y a la expulsión de inmigrantes de “razas indeseables” le sumaron un pedido para establecer una política migratoria que solo recibiera a ciudadanos provenientes de países blancos y europeos.

La llegada del nuevo siglo no mejoró la situación. En la mañana del 10 de enero de 2001, la inmigrante boliviana Marcelina Meneses viajaba en un tren junto a su hijo de tres años, Josua, al que llevaba para que fuera atendido en el hospital Finochietto. Cuando Marcelina se dirigió a la puerta para bajar, rozó con uno de sus bolsos a un hombre, que le gritó “¡Boliviana de mierda! ¡No mirás cuando caminás!”. Julio Giménez, un pasajero que viajaba en el mismo vagón intentó mediar, pero un grupo de obreros lo increpó gritando “Qué defendés vos, si estos bolivianos son los que nos vienen a quitar trabajo. Igual que los paraguayos y los peruanos”. Luego, le preguntaron: “¿Vos qué sos? ¿Antipatria?”. Instantes después uno de los obreros empujó a Marcelina, que cayó del tren en movimiento cien metros antes de la estación Avellaneda. Madre e hijo murieron en el acto. La causa judicial nunca avanzó y el crimen permanece impune.

La cantidad de actos de agresividad contra los inmigrantes es tan extensa como variada. Las propuestas para expulsar a determinadas nacionalidades se fundamentan desde hace siglo y medio en la creída actitud predadora de los recién llegados y el espacio que supuestamente le quitan a los residentes nativos. La historia de las migraciones a la Argentina, no importa su procedencia ni los motivos que las originaron, es acompañada por una sombra. Esa oscuridad es el odio al extranjero, lo cual no deja de ser una paradoja en un país construido a partir del mestizaje y las sucesivas corrientes migratorias.

Fuente: INFOBAE

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