El presupuesto del Negociado de la Policía será uno de los 12 asuntos que serán discutidos durante la próxima vista de la reforma policial, que se celebrará el próximo 20 de agosto ante el juez presidente del Tribunal…

Ojo federal al presupuesto de la Policía

El presupuesto del Negociado de la Policía será uno de los 12 asuntos que serán discutidos durante la próxima vista de la reforma policial, que se celebrará el próximo 20 de agosto ante el juez presidente del Tribunal Federal, Gustavo Gelpí, según la agenda contenida en el expediente del caso.

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, afirmó el pasado miércoles que al prevalecer el presupuesto aprobado por la Junta Federal de Control Fiscal, que incluye un recorte de $37 millones, la Uniformada no podrá pagar la nómina a partir de marzo o abril de 2019.

Sus reacciones surgieron en reacción a la orden de la jueza federal Laura Taylor Swain, quien reconoció la autoridad de la junta fiscal, creada bajo la ley Promesa, para imponer su propio presupuesto en la Isla.

Tras la determinación de Swain, el área que más se vería afectada en la Policía es la de la nómina, indicó Pesquera en conferencia de prensa. El funcionario también dijo que se afectarían los propuestos aumentos salariales y la operación diaria del negociado.

No obstante, el artículo (d) “Implantación de Programas Federales” de la ley Promesa dispone que al tomar acciones bajo este estatuto, la junta no ejercerá su autoridad para impedir las acciones para cumplir con un acuerdo judicial, interdicto u orden administrativa con una agencia federal, que en este caso de la reforma sería el Departamento de Justicia estadounidense.

Discutirán traslados en FURA

Otro asunto que será discutido es la evaluación de la pesquisa a cargo del equipo de trabajo del monitor federal, Arnaldo Claudio, sobre la protesta ocurrida el pasado 1 de mayo en la Milla de Oro.

Asimismo, la agenda menciona que discutirán las evaluaciones sobre los traslados en las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA); los retos y progresos en la Unidad Canina; el cuestionario a la comunidad y la propuesta sobre la viabilidad para que la Academia de la Policía sea operada mediante una Alianza Público Privada (APP).

De igual forma, se traerá ante la atención del juez Gelpí el cumplimiento con la metodología del periodo de capacitación de los miembros de la Uniformada; intervención de crisis, conversatorios con la comunidad y el estatus de las extensiones de cumplimiento del acuerdo solicitadas por el gobierno de Puerto Rico.

La audiencia se llevará a cabo a las 2:00 de la tarde en la Corte Federal del Viejo San Juan.

La reforma de la Policía es parte del acuerdo entre el Estado Libre Asociado y Justicia federal tras la demanda interpuesta en diciembre de 2012 por el gobierno de Estados Unidos contra la Uniformada por violaciones a los derechos civiles de los residentes de la Isla. El gobierno federal alegó que la Policía había fallado en implementar una reforma para corregir las deficiencias que han resultado en violaciones a los derechos civiles.

La demanda surgió tras una investigación efectuada por la División de Derechos Civiles de Justicia federal entre 2008 y 2011. Esto tras la radicación de una querella por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

El acuerdo requiere acción correctiva en 11 áreas principales. Estas son el uso de la fuerza, allanamientos y confiscaciones, protección igualitaria, políticas y procedimientos, capacitación, supervisión, quejas de civiles e investigaciones internas, participación comunitaria y sistemas de información.

Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Fuente: EL VOCERO

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