Ante la inamovilidad e “incumplimiento” del Estado Libre Asociado en el caso de Pacientes con Discapacidad Mental, el juez federal Gustavo Gelpí ordenó que el gobierno federal asuma un rol protagónico en este legendar…

“Perezoso el ELA” ante casos de salud mental

Ante la inamovilidad e “incumplimiento” del Estado Libre Asociado en el caso de Pacientes con Discapacidad Mental, el juez federal Gustavo Gelpí ordenó que el gobierno federal asuma un rol protagónico en este legendario pleito, a fin de que los perjudicados puedan recibir los servicios a los que tienen derecho.

“El progreso perezoso del ELA es casi exacto al que la corte lo encontró (cuando comenzó a presidir este caso) en el 2006. Esto simplemente es inaceptable”, expresa la orden de Gelpí, contenida en el expediente del caso.

Afirmó que como juez presidente del Tribunal federal en la Isla se ve obligado a expresar su “profunda” frustración con el actual estatus del caso.

“Estos cientos de hombres y mujeres con discapacidad mental no pueden continuar sentados sin ver el sol sobre el horizonte durante el resto de sus vidas”, señala la orden.

No obstante, reconoció que la crisis económica de la Isla, que atraviesa por un proceso de bancarrota y el problema “territorial”, ha impedido al gobierno proveer los servicios que está obligado a ofrecer. “La experiencia claramente ha demostrado que el ELA, no importa lo comprometido que esté, no tiene los recursos económicos o el chasis administrativo para implementar el acuerdo por sí mismo”, afirma la orden.

“Es tiempo de que Estados Unidos asuma un rol protagónico”, agrega el recurso legal.

Menciona que el abogado del Departamento de Justicia federal, Richard Farran, se ha dedicado a abogar por los demandantes.

Ordenó que las partes se reúnan y que en o antes del 16 de julio le presenten una solución “realista” para que el caso se mueva hacia una conclusión.

Advirtió que si las partes no pueden llegar a un acuerdo, él se verá obligado a tomar las “medidas compatibles con el artículo III de la Constitución”.

El 21 de abril de 1999, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, demandó al ELA para vindicar los derechos constitucionales de ciudadanos con discapacidades como el autismo, síndrome down y retardo mental.

Sobre 300 padres de pacientes con retraso mental, se quejaron al Departamento de Justicia federal por las condiciones en las que se encontraban sus hijos en varios hogares custodios, en donde se les ofrecían clases, terapias y otros servicios.

El 19 de octubre de 2011 las partes llegaron a un acuerdo para que el gobierno estatal asigne un presupuesto de entre $35 millones y $40 millones anuales para la prestación de servicios para estos pacientes.

El acuerdo contemplaba que se aumentara la disponibilidad de hogares comunitarios, se ofrecería empleos a esta población, se mejoraría la accesibilidad de actividades diurnas para ellos y se daría seguimiento a los servicios de salud.

Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Fuente: EL VOCERO

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