La medida alcanzaría solo a algunos de los acusados y obligaría a un segundo juicio, lo que la querella quiere evitar.

Instituto Antonio Próvolo (Delfo Rodríguez / Archivo Clarín).
Instituto Antonio Próvolo (Delfo Rodríguez / Archivo Clarín).

El fiscal de Mendoza, Gustavo Stroppiana, pidió elevar a juicio la causa contra dos curas y dos empleados administrativos del colegio Antonio Próvolo –los primeros cuatro detenidos en la causa– por abusos sexuales contra chicos sordos de ese centro educativo religioso de Luján de Cuyo, Mendoza. El pedido llega cuando ya venció el plazo para la incorporación de prueba al proceso judicial. Ahora, la Justicia debe determinar la fecha del juicio oral y quiénes serán los jueces que van a intervenir. La causa tiene otros nueve imputados, entre los que hay dos monjas y directivos de la escuela, como cómplices.

Desde noviembre de 2016, los curas Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (57) y los dos exempleados del Próvolo, Jorge Bordón y Armando Gómez, están detenidos y acusados de violaciones, abusos sexuales y corrupción de menores en perjuicio de alumnos de ese colegio privado, que tenía un albergue para chicos hipoacúsicos. En un año y medio de investigación, la Justicia mendocina tiene detectadas 18 víctimas de abusos sexuales y corrupción de menores, de entre 4 y 17 años, y cerca de 45 hechos aberrantes denunciados por testigos, que habrían ocurrido entre 2004 y 2016.

El caso llegó a la Justicia a través de la vicegobernadora Laura Montero (UCR-Cambiemos), que recibió la denuncia de una asociación de sordomudos. Fue un exalumno del Próvolo quien acudió a contarle sobre los abusos que eran vox populi en la comunidad del colegio a una intérprete de señas de la Legislatura mendocina.

La causa tiene trece imputados, seis de ellos detenidos: los curas Corradi y Corbacho, la monja japonesa Kumiko Kosaka, los administrativos Bordón y Gómez y la ex representante legal del colegio, Graciela Pascual. Corradi, Pascual y Kosaka consiguieron el beneficio de prisión domiciliaria. Y uno de los primeros imputados, el celador y monaguillo José Luis Ojeda fue declarado inimputable por padecer una enfermedad mental.

El abogado querellante Sergio Salinas pidió que se realizara un solo juicio con todos los acusados, para que se conozca “de una vez toda la verdad y no se exponga a las víctimas a largas y desgastantes” audiencias orales.

“Hemos sufrido durante mucho tiempo. Tenemos miedo, seguimos luchando”, dicen las víctimas en las marchas que mensualmente realizan en la peatonal mendocina.

No ha sido fácil para las familias de los alumnos del Próvolo seguir adelante. El fiscal Gustavo Stroppiana, a cargo de la investigación, reveló que ha sido notificado de varios intentos de suicidio y que, personalmente, ha presenciado declaraciones en las que las víctimas “lloraban de manera gutural, vomitaban y hasta se caían al piso de dolor” al recordar los abusos y maltratos. A partir de esto es que el Gobierno mendocino comenzó a ofrecerles asistencia psicológica.

La Dirección de Escuelas de Mendoza clausuró el Próvolo y sus cerca de cien alumnos hipoacúsicos continuaron estudiando en distintos colegios. La adaptación a sus nuevas escuelas ha sido muy difícil. “En el Próvolo les prohibían comunicarse con señas –había un sistema obligatorio de oralidad para los sordos que significó más aislamiento–, les decían ‘tenés que hablar’, les pegaban en sus manos para que no las usaran y para obligarlos a emitir sonidos”, explica una mamá. Ahora los chicos deben volver a aprender a expresarse, perder el miedo y vomitar la verdad.

Mendoza. Corresponsalía.

Roxana Badaloni

Fuente: CLARIN

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