El mandatario presentó la legislación que viabilizaría la modificación de esa deuda

La JSF prevé que el plan de ajuste de Cofina se apruebe para marzo de 2019. (...
La JSF prevé que el plan de ajuste de Cofina se apruebe para marzo de 2019. (GFR Media)

A solo días de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) deba presentar el plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) ante la corte, La Fortaleza informó ayer que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares envió a la Legislatura el proyecto de ley para completar la renegociación de la deuda de esa corporación pública.

En un parte de prensa, se indicó que el proyecto de ley ante la Legislatura es cónsono con el acuerdo preliminar que han suscrito la JSF, el gobierno y ciertos bonistas de Cofina y que, entre otras cosas, tendría el efecto de redistribuir entre bonistas y el gobierno central, la parte del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) comprometida para el pago de los bonos.

“Con este acuerdo, al igual que hicimos con la deuda del Banco Gubernamental de Fomento, podemos retomar la credibilidad que perdió la pasada administración y provocó la quiebra del gobierno, además de la imposición de la JSF”, indicó Rosselló Nevares en declaraciones escritas.

Según el gobierno, una vez se apruebe la legislación y la corte valide el plan de ajuste de Cofina, Puerto Rico vería una reducción de 32% en su obligación más grande por concepto de bonos y, a su vez, el erario ingresaría, en promedio, unos $425 millones adicionales cada año.

La JSF prevé que el plan de ajuste de Cofina se apruebe para marzo de 2019.

El acuerdo entre la JSF, el gobierno y ciertos bonistas de Cofina descansa a su vez, en un pacto que suscribieron la agente de Cofina, Bettina M. Whyte, y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), el verano pasado, y que puso fin a la disputa que había entre el gobierno y los bonistas sobre la pertenencia del IVU. Dicho acuerdo establece que la porción pignorada del IVU (5.5%) se distribuirá entre los bonistas de la corporación pública, a razón de 53.65% para los bonistas de Cofina y un 46.35% para el gobierno central.

Los bonistas de Cofina modificarían su acreencia a partir de la nueva redistribución del IVU, recuperando valores cercanos a par, en el caso de los bonistas principales y sobre 50 centavos de dólar en el caso de los acreedores subordinados.

Como parte de esas negociaciones, los bonistas se repartirán el efectivo acumulado en las cuentas de reserva de Cofina hasta julio pasado. Mientras, la JSF y el gobierno aceptaron pagar a sobre una veintena de fondos que han demandado al gobierno unos $332.7 millones, a cambio de que cesen los litigios. Dicho pago saldría de la cuenta de reserva de Cofina y una parte no precisada del gobierno central, reza el acuerdo.

El pasado 26 de septiembre, El Nuevo Día reveló que para finiquitar el acuerdo en Cofina era necesario aprobar un proyecto de ley con varias condiciones. Entre estas, el hecho de que la nueva entidad sucesora de Cofina y los bonos que se intercambien se regirán por las leyes de Nueva York y para establecer formalmente la redistribución de la porción pignorada del IVU.

De igual forma, los bonos intercambiados no tendrán derecho a aceleración y se requiere crear una nueva junta de directores para Cofina, cuyos integrantes podrán ser recomendados por bonistas y aseguradores.

Aunque la JSF y el gobierno plantean que el acuerdo favorecería a Puerto Rico, esta semana, el exasesor del Tesoro, Antonio Weiss y los economistas Brad W. Setser y Desmond Lachman advirtieron que el acuerdo de Cofina perjudicará a la isla.

De entrada, los expertos advirtieron que el acuerdo incluye bonos de apreciación de capital, lo que implica acumular intereses compuestos para ser pagados al vencimiento y que los ahorros que habría durante los primeros años en el pago de la deuda, a la larga se duplicarían.

“Si el gobierno de Puerto Rico y la JSF creada por el Congreso acuerdan términos similares con los acreedores que poseen bonos de Obligaciones Generales, solo será cuestión de tiempo antes de que el gobierno esté forzado a entrar en impago nuevamente o cortar los pagos de pensiones públicas de los cuales dependen más de 325,000 trabajadores”, dijeron Weiss, Setser y Lachmond.

Por Joanisabel González

Fuente: EL NUEVO DIA

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Temas: Categorías: America Puerto Rico

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