La administración de Ricardo Rosselló sometió ayer un plan fiscal en el que persisten las diferencias con la Junta Federal de Control Fiscal en torno a la eliminación del bono de Navidad, la reducción de las pensiones…

Sobre la mesa un nuevo plan fiscal

La administración de Ricardo Rosselló sometió ayer un plan fiscal en el que persisten las diferencias con la Junta Federal de Control Fiscal en torno a la eliminación del bono de Navidad, la reducción de las pensiones y la cantidad total de recortes a las agencias gubernamentales, lo que había provocado un pleito entre las partes.

Uno de los elementos nuevos del plan fiscal presentado por Rosselló estriba en que está proyectando una mayor capacidad para el pago a los acreedores de la deuda pública, por alrededor de $5,500 millones, contrario a lo que había solicitado la junta en su carta.

Rosselló descartó la eliminación del bono de Navidad entre sus medidas de ahorro, lo que supone una diferencia de $56 millones con los recortes que había delineado la junta. Los recortes en gastos de personal propuestos por el gobernador alcanzan los $290 millones por congelaciones de nómina y $57 millones en beneficios del plan médico. Este último sería efectivo a partir de 2020, cuando los 116,000 empleados públicos estarían recibiendo $125 mensuales.

Asimismo, el primer ejecutivo descartó la reducción de $732 millones mediante el recorte de 10% a las pensiones de los empleados públicos y congelaciones a los planes de retiro. La junta proponía un recorte de entre 5 a 25%, dependiendo de la cantidad de la pensión.

“Este Plan Fiscal revisado insiste en los fondos que necesitamos para nuestro progreso y la protección de los sectores más vulnerables como nuestros pensionados y empleados públicos”, expresó el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

En torno al bono de Navidad, la jueza federal LauraTaylor Swain había indicado que no había controversia alguna, pues bastaba con que el gobernador identificara los fondos para pagarlo o redujera otros gastos de personal.

Menos gastos en Medicaid

Contrario a lo solicitado por la junta fiscal, el gobierno proyectó menos gasto en Medicaid y más capacidad para el pago de deuda. La capacidad de endeudamiento proyectada en el análisis de sostenibilidad de deuda aumenta de $19,400 millones a $24,900 millones en el plan fiscal revisado por el gobierno, tras el aumento de fondos federales.

Este cambio surgió también luego de haber anunciado un acuerdo preliminar con los acreedores de la Corporación para el Fondo del Interés Apremiante (Cofina), que supone un servicio anual de deuda promedio de $626 millones en un periodo de 20 años, y de $806 millones un periodo de 40 años. El acuerdo alcanzado supone un pago total de $32,300 millones a los acreedores de Cofina, según el plan fiscal.

El dinero que se proyecta reciba Puerto Rico para la recuperación tanto por concepto de fondos federales como de las aseguradoras privadas aumentó de $62,377 millones a $88,031 millones, para un período de 14 años.

Se proyecta que la población disminuirá durante el período del Plan Fiscal en -11.2% durante seis años, lo que supone una mejoría de 0.8% con respecto al plan fiscal anterior. Las proyecciones del demógrafo de la junta, Lyman Stone, -que el gobierno incorporó en el documento- son que habrá 2,953,000 personas para 2023.

El gobierno está calculando, además, que necesitará $200 millones menos en gastos en el programa de salud de gobierno.

Asimismo, Rosselló redujo por $59 millones el total de recortes producto del achicamiento gubernamental en comparación a los que había identificado la junta, aunque la mayoría es por razón de no haber incluido la eliminación del bono de Navidad.

Revisan los presupuestos

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino, expresó que en el documento que sometieron “se está proponiendo la posposición de la implementación de ciertas medidas de ahorro y consolidaciones para permitir un respiro presupuestario”. Igualmente, dijo que revisaron el presupuesto de varias entidades gubernamentales, incluyendo el Departamento de Seguridad Pública, para que no se afecten los servicios. De igual forma, el documento incluye garantizar aumentos de salario a los maestros y policías.

Para el Departamento de Seguridad Pública, se redujo el gasto de personal de $20.5 millones a $10.3 millones para el año fiscal vigente. El gobierno aseveró que estará redistribuyendo dinero de otras agencias “con un exceso de presupuesto” hacia esa agencia. “Esto garantizará la seguridad y el bienestar de los residentes de Puerto Rico. La cantidad total de dinero que se redistribuirá de los presupuestos de otras agencias al DSP será de $ 32.8 millones en el año fiscal 2019”, lee el documento.

Para el Departamento de Salud se disminuyó el recorte de personal de $33 millones a $16.5 millones en el año fiscal vigente.

Laura M. Quintero, EL VOCERO

Fuente: EL VOCERO

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Temas: Categorías: America Puerto Rico

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