El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha establecido metas de cobertura de agua del 100% para el área urbana y 84,6% en zonas rurales, afirmó el titular del sector, Javier Piqué

Ing. Javier Piqué, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (Foto: E...
Ing. Javier Piqué, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (Foto: El Comercio)

Con 45 días en el cargo, el actual titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué, explica en su primera entrevista en un medio escrito sus planes para modificar la actual Ley de Reconstrucción con Cambios, de tal manera que se ahorren hasta 12 meses en trámites. De igual manera, anuncia la elaboración de una ley de planeamiento urbano y explica la necesidad de enfrentar problemática de las tarifas del agua

El lento avance en la Reconstrucción con Cambios es uno de los aspectos más reclamados por la población, ¿qué se propone para acelerar este proceso?
​El presidente fue el primero en ser consciente de que esto no ha caminado. Luego de juramentar, fuimos a un Consejo de Ministros y nos citaron al día siguiente para empezar a trabajar en un Proyecto de Ley para modificar la actual Ley de la Reconstrucción. Se ha diseñado una vía más corta que nos ahorra entre 12 y 13 meses para poder comenzar las obras. En cuanto a la adjudicación de obras, se han diseñado procesos más simples. Tenemos esperanza que el Pleno apruebe el proyecto este jueves.

¿Cuáles eran las principales trabas?
Nos dimos cuenta que en gran parte no se trata de una reconstrucción con cambios, sino que de una reposición con cambios. Por ejemplo, hay un puente de 40 años caído, ¿para reconstruirlo por qué se necesitan estudios de costo beneficio, de saneamiento, restos arqueológicos o impactos ambientales? Hay que reponer el puente y punto. Si hay problemas con terrenos, se tendrá que pagar a la gente que es dueña del terreno. En estos casos, tener estos estudios cuestan más tiempo.

¿No existen trabas en el trabajo de las municipalidades y con las Unidades Ejecutoras?
Para pistas y veredas, solo tenemos un 8% de obras a cargo, el resto lo tienen los gobiernos locales. Para obras más grandes sí entran los sectores o los gobiernos regionales, y a veces hasta ellos mismos deciden que lo hagan otras entidades. En Tumbes, por ejemplo, el gobierno regional pidió que sea el MVCS el que se encargue de ciertas obras.

Para el caso de las unidades ejecutoras, hay muchos proyectos pequeños que les correspondería hacer, así que las hemos dividido por grupos y hemos reacomodado varias.

Con el contexto actual, solo se ha ejecutado S/119 millones (11%) de S/3.154 millones en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.

Apenas el MEF nos transfiere los recursos, nosotros lo transferimos al Fondo MiVivienda.

Este año tenemos un porcentaje relativamente bajo en ejecución: S/380 millones en Reconstrucción. El próximo año tenemos más de S/1.317 millones. Efectivamente, el porcentaje es poco, pero la proyección es para que suba muchísimo más.

En este contexto, ¿cómo van los avances en reconstrucción de viviendas?
De las 45 mil casas que se destruyeron, ya hemos licitado 11 mil. De esas, ya hemos construido 4 mil. He conseguido S/622 millones para hacer 24 mil más. Vamos a empujar para antes de fin de año conseguir todo el dinero y terminar el primer semestre del 2019. Es decir, vamos a tener 45 mil casas en terreno propio. Estamos hablando de módulos de S/22 mil de 35 m2, dos dormitorios y un ambiente común.

¿En qué situación quedan las Unidades de Viviendas Iniciales (UVI)?
Hay más o menos 3.000 módulos temporales, hay otros 2.000 haciéndose en la sierra y unos cuantos que el ministro anterior decidió ya no seguir con eso, sino impulsar las casas definitivas, en concreto armado en terreno propio. Nuevamente, si llegamos a fin de año con más de 30 mil viviendas de las 45 mil que se destruyeron, es un avance importante.

¿Continuaría la meta de 500.000 viviendas construidas para el 2021 del gobierno anterior?
En realidad, es el mismo gobierno pero con otras autoridades, pero básicamente es el mismo plan de gobierno y pensando en eso justamente hemos mantenido esta meta.

En cuanto a cobertura del agua y saneamiento, ¿han podido reducir las brechas como se estableció en el Gobierno de Kuczynski?
En este ministerio, el presupuesto es dos tercios para Saneamiento y un tercio para Vivienda. Si no nos ponemos metas ambiciosas nos relajamos, sin embargo, aún tenemos brechas importantes: a escala nacional, en agua hay una cobertura de 94,4% a nivel urbano y queremos llegar a 100% al 2021. En el rural es más difícil, hay 71,2% de cobertura y queremos llegar al 84,6%.

En alcantarillado tenemos una cobertura de 89% y queremos llegar al 100% y en rural solo tenemos 24,6% de cobertura y esperamos alcanzar el 70%.

Esto requerirá una inversión de S/50 mil millones hasta el 2021. En el 2017 se invirtieron S/3.400 millones y este año S/4.000 millones solo en saneamiento. Hemos venido avanzando, pero no al ritmo esperado, por la propia situación del país. 

Probablemente el sector poblacional que resta sea el más complicado de alcanzar, en todo caso. 
Sí, por ejemplo, de los S/.4000 millones que se invertirán el próximo año a nivel nacional, S/500 millones están destinados solo a Lima, aparte de lo que invierte Sedapal. La cobertura en Lima es de 96%, pero ese 4% que falta son muchas personas, miles, y lamentablemente están en zonas alejadas de difícil acceso donde instalar agua y desagüe cuesta siete veces más que en un terreno plano.

¿Cuál es el plan para llegar a estos sectores?
Principalmente facilitar vivienda económica y social para que no haya invasiones. Las casas de invasiones terminan de hacerse en 10 o 20 años. Y si la gente pudiera acceder a programas de MiVivienda o Techo Propio y poder pagar un alquiler S/500 entre dos o tres miembros, ¿ya para qué van a invadir? Lo ideal sería ofertar como Estado una vivienda que las personas puedan tomar, y hay subvenciones para esto como el Bono Habitacional Familiar. Este es el norte que nos guía para bajar los costos.

La innovación que estamos haciendo es focalizarnos en los pueblos que necesitan agua y saneamiento considerando la reducción de la desnutrición y anemia.

¿Para esto último no tendrán que trabajar junto con el Ministerio de Salud?
El presidente Vizcarra ha priorizado la atención en los niños, por el alto porcentaje de anemia y desnutrición y ha decidido que el Gobierno actúe en conjunto, no sectorialmente. Hay desnutrición porque se toma agua contaminada. En este sentido, vamos a modificar nuestra priorización de proyectos para incorporar estos indicadores, agregándole el de anemia. Aquí hay un trabajo con Salud y también con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Yo tengo 3.000 proyectos, de los cuales 500 ya están listos y requieren una inversión de S/2.000 millones. Si a mí me dan esta cifra ahorita, yo hago 500 proyectos de saneamiento que ayudarían en esta lucha. El resto está en proceso.

¿Ha habido una mejora en las empresas saneamiento que entraron al régimen de apoyo transitorio de la Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass)?
Hay 12 empresas intervenidas. Han tenido problemas de gestión por un lado y, por otro, de sostenibilidad. Cuando entra Otass, no solo es para apoyar en el cobro de tarifas sino también en otros procesos operacionales. El año pasado Otass invirtió S/400 millones apoyando a las EPS, este año estamos invirtiendo S/200 millones.

Hemos visto avances pero un poco lentos, porque viene acompañado de la palabra tarifa, que es una mala palabra porque a nadie le gusta pagar más, la gente se rehúsa. Pueden pagar S/30 o S/50 por el celular, ¿por qué no pagan S/15 por el agua?

Actualmente, la Sunass se encuentra en un problema por el aumento de las tarifas del agua en diversas ciudades del país, ¿cuál es su opinión al respecto?
Ellos son los que hacen los estudios y los que fijan las tarifas con la finalidad de darle sostenibilidad a la empresa. En general, a mí me corresponde decir que si nosotros queremos ir cerrando las brechas y queremos darle sostenibilidad en el tiempo a las empresas, tenemos que enfrentar el tema de las tarifas y eso lo hace Sunass, si hacen bien o mal los estudios técnicos, es responsabilidad de ellos.

Las tarifas han sido utilizada de mala manera. Como hay elecciones, por ahí algún grupo está utilizándolas como de manera política y no técnica. El gobierno tiene claro que si las empresas no tienen sostenibilidad vía tarifas, no hay cómo.

¿Va a retomar el proyecto sobre subsidios para el alquiler ‘Renta Joven’? 
Estamos desarrollándolo, sí. No hay un mercado de alquiler en el Perú. Cuando uno va al extranjero, todos alquilan, compran su casa cuando ya están establecidos, pero el estudiante alquila. Aquí no, no hay oferta de jóvenes. Hay un problema con el hecho de poder sacar al inquilino también, pero eso va en paralelo.

¿De dónde saldría el financiamiento en un momento de, en teoría, austeridad en el Gobierno? 
Estamos promoviendo que se regrese a un sistema similar al Bono del Buen Pagador. Si no se pone eso, van a haber más invasiones. Con este proyecto, las personas entras al sistema financiero, se bancarizan y formalizan y adquieren historial crediticio. El ministro de Economía también ya está evaluándolo. No es botar la plata, no es una subvención, es una inversión, porque eventualmente la gente empieza a tributar y a pagar avalúos. Se está evaluando también el monto anual, que anteriormente era de S/50 millones anuales.

Una de las mayores críticas era que estaba enfocado en jóvenes menores de 30 años y no eran otros grupos vulnerables, como madres solteras o personas de la tercera edad.​
Está focalizado en personas de bajos recursos, hemos ampliado el alcance. Es un tema de redistribución de la riqueza. Estamos revisando al público beneficiado, ahora pueden ser familias también o 3, 4 o 5 personas, con la condición que sea gente de bajos recursos con la única opción más que alquilar una casa.

Otro aspecto era sobre el objetivo final del proyecto: que al final de cinco años la persona pudiera hacer una primera cuota para un departamento. ¿Qué garantiza que esto vaya a suceder?
Nada garantiza que en cinco años haya ahorro para una primera inversión. Lo tengo claro. Pero es como cualquier subvención que se da, no hay garantía que vaya a ahorrar la gente, pero ya hay beneficios colaterales como al formalización y bancarización.

¿Cómo va la entrega de bonos verdes?
Hasta ahora se han entregado 380, pero hay una oferta de 5.800 viviendas listas para los bonos verdes. Ya están entrando el Banco de Crédito, Scotiabank y BBVA, además de las cajas que ya estaban con nosotros. Es decir, vamos a tener más prestigio y competencia con las tasas, que ya de por sí eran bajas. La subvención del Banco de Cooperación Francesa es hasta el próximo año, y después ya hemos hablado con el Banco Mundial, que también tienen un programa similar.

Entre todo el impulso al sector Vivienda, ¿se está evaluando un plan de ordenamiento o se tiene algún estudio que muestre zonas donde es más recomendable construir?
Estamos preparando una ley de desarrollo urbano. Los municipios dan las licencias para construir, pero el MVCS tiene autoridad para normar. Sin embargo, no hay una ley que obligue a que la ciudad se expanda de cierta manera ordenada.

La ley en la que estamos trabajando implicaría todo lo que es el planeamiento urbano sostenible, también incluye criterios de zonificación e identificación de áreas comerciales. El desarrollo actual lo hacen los municipios, pero nadie cumple.

En este sentido, hemos recibido S/45 millones del ámbito de la reconstrucción para hacer planes de desarrollo urbano para 68 ciudades del Perú. Vamos a reconstruir, pero planificando bien. Ya tenemos el esquema de participación de municipios y hemos pedido que involucren a los colegios de arquitectos e ingenieros. Tenemos un cronograma de un año para terminar estos planes.​

Daniel Macera

Fuente: EL COMERCIO

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