Registro de la Guardia Civil en la sede de Diplocat en Barcelona el pasado ab
Registro de la Guardia Civil en la sede de Diplocat en Barcelona el pasado abril JORDI SOTERAS

El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ha solicitado a la Intervención de la Generalitat que aclare diversas facturas emitidas por la administración y que se encuadran en partidas sospechosas del Diplocat relativas a los observadores internacionales que llegaron a Cataluña para el referéndum ilegal del 1 de octubre del año pasado. La Guardia Civil considera que este organismo de la Generalitat presuntamente destinó unos 253.000 euros a viajes e estancia de estos observadores y detalla que entre la documentación solicitada aparecen “referencias de gastos de estas actividades pero vinculadas a facturas que aparecen como generadas” por el sistema de recepción electrónica de estos gastos de la administración catalana. Este martes declara como imputada la interventora en el juzgado.

Como existe un registro contable, los agentes buscaron las facturas relacionadas con la supuesta acción del Diplocat el 1-O y detallan que “la Intervención no ha hecho mención alguna” de estas acciones. Los agentes detallan que en la información entregada por la Intervención no está la información requerida de estos pagos y por eso el juez reclama a la Generalitat que entregue copia de las facturas de las actividades registradas.

Además, solicita a la Intervención que aclare “a qué se debe la coincidencia de que tanto Diplocat, como la Unitat gestora de la Secretaria d’Acció Exterior y la de la Unió Europea del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència tengan una partida presupuestaria con la misma numeración”.

Por otro lado, el juzgado ha emitido una aclaración a petición de uno de los imputados en la que especifica que en el tiempo de la instrucción “no se han dejado de investigar los delitos de rebelión y sedición si no que, por el momento y pese a que en su caso no corresponden a la instrucción de este juzgado, no se han observado indicios de su participación de los mismos, hasta el momento, investigados en la causa”.

En concreto, el juez responde a Josué Sallent, ex trabajador en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) al que la Guardia Civil considera como el enlace con la vicepresidencia del Govern de Oriol Junqueras. Sallent instó al juzgado a aclarar los delitos que se le imputaban ya que en la querella inicial aparecía los de sedición y rebelión.

El juez detalla es que “a muchos de los investigados se les informó que lo eran, también, por los delitos de rebelión y/o sedición” pero lo “cierto y verdad es que de apreciarse indicios” de los mismos la causa ya no sería de su competencia, sino de la Audiencia Nacional o en caso de tratarse de aforados, del Tribunal Supremo. “No habiéndose producido ninguna otra exposición en relación a otros investigados, es por lo que se considera no existen indicios suficientes sobre su participación en dichos delitos sin perjuicio de que, en su día, pudieran resultar procesados por cualesquiera de los otros también investigados en esta causa”, afirma el juez..

GERMÁN GONZÁLEZ

Fuente: EL MUNDO

Share
Temas: Categorías: España Mundo

Video Destacados

Ad will display in 09 seconds