Agentes de la Policía identifican a los inmigrantes llegados a
Agentes de la Policía identifican a los inmigrantes llegados a Crinavis en el ‘Open Arms’ OLMO CALVO

Las relaciones aparentemente cordiales entre los gobiernos de Pedro Sánchez y Susana Díaz desde la llegada del primero a La Moncloa ya no son ni aparentes ni cordiales. La crisis migratoria que vive Andalucía, con récords de llegada de inmigrantes y de pateras que se pulverizan casi cada día, ha hecho saltar por los aires el buen entendimiento que, al menos de cara a la galería, mantenían los dos ejecutivos gobernados por el PSOE.

La llegada, este jueves, del buque Open Armscon 87 personas a bordo ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del gobierno que preside Susana Díaz y el detonante de un sonoro puñetazo en la mesa ante la falta de apoyo por parte del Gobierno central y de implicación por parte del resto de las comunidades autonómicas ante un problema que en Andalucía se considera global.

El número dos de Díaz, Manuel Jiménez Barrios, ha sido el encargado de visibilizar el enfado mayúsculo que hay en la Junta de Andalucía con Pedro Sánchez y su equipo y lo ha hecho mediante una carta dirigida a la vicepresidenta, Carmen Calvo, en la que denuncia la falta de apoyos, tanto del Ejecutivo estatal como del resto de los autonómicos después del fracaso de la Conferencia Sectorial de Inmigración de esta misma semana que debía establecer cuotas de reparto de los inmigrantes que desembarcan en Andalucía.

La misiva, que la Junta andaluza ha difundido públicamente coincidiendo con la llegada del Open Arms, incluye exigencias nada veladas para que el Gobierno central no sólo respalde a la Junta sino para que, además, presione a las autonomías para que acepten colaborar y se impliquen.

Jiménez Barrios reclama más recursos económicos, pero también la “responsabilidad compartida” a la hora de afrontar la crisis migratoria. Especialmente en lo que respecta a los menores inmigrantes que llegan solos, la principal preocupación del gobierno andaluz tras la llegada a la región, entre el 1 de enero y el 31 de julio, de 3.700, de los que la Junta tiene que hacerse cargo.

“Las comunidades autónomas no pueden tener una postura de perfil, y el Gobierno tiene que presionarlas para que se impliquen más en este problema”, dice el vicepresidente andaluz.

Jiménez Barrios ha lanzado, asimismo, un mensaje a Moncloa que es casi una advertencia. “Somos conscientes de que el anterior Gobierno del PP, actuaba sin previsión e improvisaba en estos asuntos. Ahora, tenemos un Gobierno más comprometido y debe entender que no parece coherente ni sostenible que se acerquen barcos a los puertos con menores a bordo y al mismo tiempo se afirme que ni hay recursos ni posibilidades de repartir la responsabilidad de éstos entre las comunidades por falta de consenso entre ellas”.

Ésa es la postura que, ha anunciado, defenderá Andalucía en el próximo cónclave autonómico, el de septiembre, del que espera una “respuesta satisfactoria”.

Las quejas también han venido desde Algeciras, cuyo alcalde, José Ignacio Landaluce, ha dicho que más allá de la labor humanitaria hay un problema de falta de recursos e incluso de espacio y solidaridad entre comunidades autónomas. El alcalde algecireño, en declaraciones a Onda Cero, no entiende como el nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “ha venido en tres ocasiones a Algeciras sin ni siquiera avisarme, ha dado las gracias a todo el mundo menos al Ayuntamiento”. Ha recordado el alcalde y senador que la ciudad ha puesto a disposición de la Policía Nacional y Guardia Civil, pabellones polideportivos para albergar migrantes y que la ciudad se ha volcado, una vez más, en su ayuda a las personas que han cruzado el Estrecho en unas condiciones inhumanas. También ha dejado claro que el puerto “no debe ser el único de acogida en España“.

Al coro de críticas se ha unido, igualmente, la ONG Pro Activa Open Arms, la propietaria del barco del mismo nombre que ha desembarco en el puerto de Algeciras, en el muelle de San Roque.

Gerard Canals, coordinador de operaciones de Open Arms, puso este jueves en entredicho la actuación del Ejecutivo central tras llegar a puerto. “El rescate se produjo el primer día de agosto y a la jornada siguiente solicitamos permiso al gobierno para el desembarco de los migrantes”, destacó en una comparecencia pública ante la prensa.

La respuesta, según Canals, llegó cuatro días después y el barco “fue derivado a Algeciras pese a que pedimos atracar en Palma, Barcelona o Valencia, por cuestiones logísticas y humanitarias”. Una embarcación de Salvamento Marítimo de Cartagena también ha colaborado en la travesía llevando víveres al barco para que sus ocupantes pudiesen llegar, sanos y salvo, hasta la zona portuaria del arco de la bahía algecireña.

Mientras tanto Francia ya ha anunciado que acogerá a 20 de los 87 migrantes que han llegado hoy al CATE y que están siendo identificados por la Policía Nacional y atendidos por la Cruz Roja. Ellos, ajenos a toda esta vorágine, simplemente agradecen a España su ayuda. Uno de los que viajaban en el barco mostraba a los periodistas el dibujo de un corazón con los colores de la bandera nacional. Y es que, como decía el capitán del barco, Riccardo Gatti “preferían morir en el agua que volver a Libia”.

Gatti, ha censurado “que no se haya aplicado la normativa internacional de trasladar a los rescatados en el mar a puerto seguro en el menor tiempo posible”.

ANDRÉS MACHADO, CHEMA RODRÍGUEZ

Fuente: EL MUNDO

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