El gerente del Instituto de Investigación del Hospital La Fe, Javier Santos B
El gerente del Instituto de Investigación del Hospital La Fe, Javier Santos Burgos. EL MUNDO

La Agencia Valenciana Antifraude ha notificado al director gerente del Instituto de Investigación Sanitaria (ISS)La Fe, Javier Santos Burgos, un requerimiento «para que proceda a la inmediata readmisión» de un trabajador del centro científico del hospital de referencia que se ha convertido en colaborador o ‘confidente’ de la propia Agencia Valenciana Antifraude.

Se trata de un abogado experto en contratación que fue despedido por la Fundación de Investigación del Hospital La Fe tras haber denunciado comportamientos irregulares ante sus superiores y ante la propia Fiscalía Provincial. En la sentencia que imponía la devolución del puesto de trabajo al letrado se concluía que existían «indicios de que el despido obedece a las reiteradas denuncias efectuadas por el actor contra la dirección de la empresa, constituyendo dicha decisión empresarial una represalia por su actuación».

Basándose en la sentencia, la carta de la oficina Antifraude advierte de que si no se procediera al reingreso «en el plazo de 24 horas, se procederá a iniciar el correspondiente expediente sancionador por incumplimiento de las medidas de protección del denunciante».

En su momento, la Fiscalía entendió que el despido era «improcedente» y subrayó «la necesidad de garantizar la no discriminación en el empleo público y privado, así como de otorgar protección efectiva frente a represalias, sobre las personas denunciantes de actuaciones ilegales».

Un argumento que ha retomado Antifraude desde donde se considera que el trabajador despedido debe gozar de la «garantía de indemnidad» que se recoge en el artículo 14 de la Ley 11/2016 de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana y que indica textualmente que la actuación de la «Agencia prestará especial atención a la protección de las personas denunciantes […] y velará para que estas personas no sufran durante la investigación ni después de ella, ningún tipo de aislamiento, persecución o empeoramiento de las condiciones laborales a profesionales ni ningún tipo de medida que implique cualquier forma de perjuicio o discriminación».

Tras recibir la sentencia, el gerente del centro científico decidió mantener en suspenso el reingreso del trabajador porque tenía la intención de recurrir la vuelta del empleado ante el juzgado y así lo plasmó en un escrito remitido a la Agencia Antifraude.

Sin embargo, desde Antifraude han sido implacables y en el texto firmado por el director de la Agencia, Joan A. Llinares, se exige a Javier Santos Burgos que el reingreso se haga de forma inmediata. De hecho, la propia consellera de Sanidad, Ana Barceló, mostró el pasado lunes gran interés para colaborar con la decisión de la Agencia y llamó al Instituto de Investigación de La Fe para que fuera avisado el trabajador y se le comunicara el puesto que deberá ocupar a partir de ahora.

A raíz de la llamada de la consellera, el empleado fue convocado ayer a una entrevista con el gerente quien le aseguró que se estaba buscando ubicación para instalarle un puesto de trabajo con teléfono y ordenador.

El actual gerente del centro de investigación heredó la situación de su predecesor. Se debe recordar que este organismo público, dependiente directamente del hospital y cuyo patronato estaba presidido en el momento del despido por la ex consellera de Sanidad Carmen Montón, ya se vio obligado a destituir al anterior gerente José María Millán, por presuntas irregularidades en la gestión, detectadas por la Intervención General de la Generalitat y, en parte, denunciadas ante la Fiscalía por el trabajador, actitud que finalmente le costó el puesto de trabajo.

Una de las irregularidades que el trabajador se negó a avalar con su firma es que durante el ejercicio 2016 y 2017, una empresa pantalla, Advanced Bioanalytical Services S.L.U. (participada al 100% por la Fundación de La Fe) facturó supuestos servicios a la propia Fundación con la finalidad de justificar subvenciones públicas destinadas a proyectos de investigación. Durante el verano de 2017 se despidió a la contable del centro, Sabrina Femenía.

Otro de los puntos oscuros incluidos en el informe de Intervención General apunta a que la plataforma denominada ‘Unidad de Genómica’ -cuyos servicios eran facturados a la Fundación para la justificación de subvenciones-, está dirigida por el propio director de la Fundación, José María Millán.

VICENTE USEROS

Fuente: EL MUNDO

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Temas: Categorías: España Mundo

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