La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo Javier LizónEFE

Expertos en Derecho Penal expresaron este martes su desconcierto por la “barbaridad” que propuso la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. La también ministra de Igualdad planteó una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, “si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no”. Su pretensión es que los tipos penales de las agresiones sexuales no dependan de la interpretación de los jueces y para ello va a impulsar una reforma legal inspirada en el modelo sueco, donde se considera violación cualquier acto sexual sin consentimiento expreso.

Fuentes de la Vicepresidencia del Gobierno admiten que la propuesta no está aún madurada por escrito y que no se ha concretado cómo se puede reflejar en el Código Penal un sí explícito de la mujer. De hecho, la tesis de Calvo deberá ser trabajada con otro equipo del Ministerio de Justicia, que va a contar, a su vez, con juristas feministas.

Lo más concreto por parte del Gobierno es su apelación a la ley de Suecia, que entró en vigor hace 11 días. Si el Ejecutivo de Sánchez se basa en el país nórdico, la clave será el consentimiento. Y en la legislación sueca eso ocurre “si se expresó con palabras, gestos o de otra manera”. Para Suecia, hay tres escenarios de no consentimiento: si hubo violencia o amenazas; si la víctima era vulnerable (estaba inconsciente, drogada o dormida), o si el agresor tuvo una posición de poder sobre ella. Lo central de la reforma sueca es que antes se consideraba violación sólo si el acto estaba acompañado de violencia o de amenazas y ahora lo nuclear es el consentimiento.

A falta de conocer en profundidad los detalles de la propuesta de Calvo, los juristas consultados argumentan que esta medida puede “criminalizar una parte importante de las relaciones sexuales”, aquellas en las que las mujeres no dicen sí expresamente pero acceden de una forma implícita. También creen que el anuncio se lanza “de forma oportunista”, al calor del clamor popular que ha generado la sentencia de La Manada, pero sin reflexionar en profundidad sobre si es necesario cambiar la ley en este sentido.

“Cuando uno lee los titulares parece que, si no hay un sí expreso, es violación. Esto es escandaloso, porque gran parte de las relaciones sexuales que mantenemos no se realizan con un sí expreso. Podemos correr el riesgo que, por salvar los problemas de La Manada, terminemos criminalizando estas relaciones”, avisa Myriam Cabrera, profesora de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas. Advierte de que, “al tratar de resolver el problema de prueba de La Manada, se genera otro problema de prueba: ¿qué vamos a tener que hacer? ¿Grabar las relaciones? ¿Preguntarle a la otra persona todo el rato si consiente? No se puede criminalizar toda conducta en la que no haya un asentimiento expreso”.

Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, opina que “esta ocurrencia desconoce la sociología de las relaciones sexuales” y, lo que es más grave, “pone al mismo nivel a La Manada con el señor que liga en una discoteca, donde parece que el portero va a tener que repartir ahora unos documentos en los que las parejas firmen hasta dónde pueden llegar”.

Es lo mismo que opina Palma Álvarez, profesora de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que además dice que “es imposible” la pretensión de Calvo de que los tipos penales no sean interpretables. “El tipo tiene que ser lo más claro posible, pero luego el juez tiene que entrar a valorar”, explica, y recuerda que el Código Penal dedica un capítulo entero a los delitos contra la libertad sexual, donde se contempla desde un beso hasta una agresión sexual con todas las agravantes, con unas penas mucho más elevadas que las que hay en Suecia.

Donde sí que parece que podría haber margen para el cambio -y esto enlazaría con la propuesta de Calvo- es en “objetivar conductas para que el delito no dependa de lo que dijo o no la víctima y se recojan conductas tan taxativas que no den lugar a interpretaciones”, apuntan otras fuentes jurídicas. No se trataría tanto de poner en la ley que la mujer tiene que dar su consentimiento expreso, sino contemplar mejor, por ejemplo, hechos objetivables, como que la víctima ha sido drogada.

En este sentido, una de las líneas de trabajo de la comisión de expertos que estudia la reforma de los delitos sexuales es eliminar los abusos y establecer un tipo básico de agresión sexual, un tipo cualificado de violación, más las agravantes. La agresión contemplaría, además de la violencia o la intimidación actuales, la posición de poder del hombre sobre la mujer, como en Suecia.

RAFAEL J. ÁLVAREZ, OLGA R. SANMARTÍN

Fuente: EL MUNDO

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Temas: Categorías: España Mundo

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