Dolores Delgado, en la sesión de control en el Senado.
Dolores Delgado, en la sesión de control en el Senado. BERNARDO DÍAZ

Dolores Delgado, actual ministra de Justicia y fiscal de la Audiencia Nacional hasta jurar su cargo el pasado 8 de junio, informó el pasado mes de abril en contra de extraditar a un ex funcionario del Gobierno de Guatemala vinculado a una de las investigaciones abiertas en el marco del caso Villarejo. Así lo confirmaron a este periódico fuentes jurídicas y adelantó el pasado lunes el diario digital El Confidencial.

Se trata del que fuera embajador de este país centroamericano en Estados Unidos entre 2013 y 2015, José Julio Ligorría Carballido, detenido en Madrid el 26 de septiembre de 2017, tras ser reclamado por las autoridades guatemaltecas para juzgarle por un delito de blanqueo de capitales, y defendido por el bufete de abogados que dirige el juez Baltasar Garzón, Ilocad (International Legal Office for Cooperation and Development). En concreto, por el letrado Manuel Miguel Vergara, según confirmaron fuentes conocedoras de este caso de extradición.

La investigación abierta en torno al comisario José Manuel Villarejo sitúa a Ligorría entre una de las personas con las que contactó el policía jubilado -en prisión desde el 5 de noviembre de 2017 por delitos de cohecho, blanqueo, organización criminal, descubrimiento y revelación de secretos y extorsión- para ayudar al empresario español Ángel Pérez-Maura, que estaba siendo investigado en Guatemala por sobornar, presuntamente, con 30 millones de euros al que fuera presidente de este país, Otto Pérez Molina, para que su empresa Pérez y Cía fuera la adjudicataria de un contrato de explotación por 25 años de la terminal de mercancías del Puerto Quetzal.

Precisamente, Pérez-Maura, que había contratado los servicios de Villarejo, también fue reclamado por Guatemala por delitos de fraude, asociación ilícita y cohecho activo, en 2016. Proceso que finalizó también con la negativa de extradición por parte de la Audiencia. Casualmente, los autos de estos dos casos de extradición se dictaron el mismo día, el pasado 31 de mayo, aunque por diferentes secciones de la Sala de lo Penal -la Segunda y la Cuarta, respectivamente-. Dicho de otra manera, en la primera jornada del debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy y una semana antes del nombramiento de Delgado como ministra de Justicia.

Según las fuentes jurídicas consultadas, la entonces fiscal Delgado se ocupó del caso de Ligorría en sustitución de Rosana Lledó, que causó baja médica. Las mismas fuentes negaron, no obstante, que la actual ministra -vinculada a Garzón por una estrecha amistad- se prestara de manera voluntaria, asegurando que le tocó por reparto. En la vista celebrada para debatir el caso de Ligorría fue el teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, el que asistió por el Ministerio Público.

Casualmente, los argumentos esgrimidos por la Fiscalía coincidieron con los del abogado Vergara, asesor también de la Fundación Internacional Baltasar Garzón y uno de los elegidos por la ministra de Justicia para ocupar un asiento en el consejo asesor para la recuperación de la jurisdicción universal que puso en marcha Delgado el 28 de agosto.

«Tanto el Ministerio Fiscal como la defensa del reclamado coinciden en alegar la condición de español del reclamado, que tiene doble nacionalidad, invocando también el principio de reciprocidad», consta en el auto de Ligorría. Los investigadores del caso Villarejo están analizando las relaciones entre el comisario y el juez Garzón en el marco de las causas de Pérez-Maura y Ligorría, así como los posibles vínculos económicos entre ambos.

Según fuentes jurídicas, la ministra no participó en el caso del empresario español. No obstante, el fiscal que informó en contra de su extradición fue Carlos García Berro, un asociado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), como la ministra, y la persona que ocupó uno de los sillones que quedaron vacíos en el Consejo Fiscal tras la salida de Delgado y de la fiscal general del Estado, María José Segarra, en representación de la UPF.

Fuentes conocedoras del caso de Pérez-Maura no descartaron posibles contactos de Villarejo con Ligorría en relación al empresario español. Dicho esto, precisaron que fue el hombre de confianza de Villarejo, Rafael Redondo, el que se encargó de los servicios que prestó la empresa Cenyt, propiedad del comisario, a Pérez-Maura. Redondo está en libertad provisional desde el 21 de septiembre tras 11 meses en prisión.

La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer al juez instructor del caso Villarejo que reabra la investigación al comisario jubilado Carlos Salamanca, que fue detenido el mismo día que Villarejo -3 de noviembre- por los mismos delitos, pero quedó en libertad provisional el pasado 6 de marzo.

El magistrado Diego de Egea archivó de manera provisional la causa contra el que fuera comisario del aeropuerto de Barajas y socio de Villarejo el pasado 18 de julio tras considerar que no existía indicios de su participación en la presunta trama criminal. Los investigadores encontraron nuevas pruebas que, presuntamente, incriminan a Carlos Salamanca.

MARISA RECUERO

Fuente: EL MUNDO

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Temas: Categorías: España Mundo

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