Moreno, entre los dirigentes del PP andaluz, a las puertas del prostíbulo Don
Moreno, entre los dirigentes del PP andaluz, a las puertas del prostíbulo Don Angelo, ya clausurado. EL MUNDO

El caso de los ERE, el escándalo de los pagos con tarjetas de la Junta de Andalucía en cinco prostíbulos y el fraude de los cursos de formación. Los casos de corrupción y el calendario judicial de los que parece huir la presidenta del Gobierno andaluz, la socialista Susana Díaz, al convocar elecciones anticipadas en Andalucía son extensos.

Al adelantar los comicios andaluces, Susana Díaz desarticula la comisión de investigación que recientemente se había creado en el Parlamento andaluz para indagar sobre el escándalo de la polémica Faffe, la fundación de la Junta que debía formar a los parados, pero que se convirtió en una gran agencia de colocación de afiliados y familiares de dirigentes del PSOE en la que se gastaba el dinero público en comilonas, hoteles y prostíbulos.

El Partido Popular, Podemos e IU ya habían solicitado la comparecencia de Susana Díaz en esta comisión de investigación, algo que finalmente no se producirá por el adelanto electoral.

Aunque se frustren los trabajos de la comisión de investigación, el escándalo de la Faffe va a más, a tenor de los datos que van descubriendo los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El último atestado entregado en el juzgado de Sevilla que investiga este caso revela que no hubo una única juerga costeada con fondos públicos, como ya se sabía, sino un total de 13 «bacanales», doce pagadas con las tarjetas ‘black’ y una con dinero en efectivo en cinco prostíbulos de Sevilla, Cádiz y Córdoba.

Con las tarjetas de la Junta se abonaron 32.000 euros en los cinco clubes a través de 43 cargos durante doce días distintos a lo largo de cuatro años y medio, entre 2004 y 2009, según detalló este lunes el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. La cúpula del PP-A desgranó las novedades de esta investigación a las puertas de lo que fue el club de alterne Don Angelo de Sevilla, que ahora está clausurado. En este establecimiento se celebró la primera juerga conocida de los directivos de la Faffe que se costeó con las tarjetas de la Junta.

El atestado revela que las cuentas de la Faffe fueron posiblemente «maquilladas» para enmascarar los pagos en los prostíbulos, algo que, presuntamente, sería achacable al Gobierno de Susana Díaz, que públicamente se jacta de colaborar con la Justicia para esclarecer este caso.

Aunque la presidenta de la Junta haya frustrado su citación en el Parlamento andaluz para dar cuentas del escándalo de la Faffe, no podrá escapar de la comisión que se ha creado en el Senado sobre la financiación de los partidos. Allí está convocada el próximo 8 de noviembre, justo la semana previa al inicio de la campaña electoral andaluza. Y le preguntarán sobre los pagos con dinero público en prostíbulos.

Mientras, el juicio de los ERE sigue celebrándose en la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos los antecesores y mentores de la propia Díaz: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Al convocar ya las elecciones, la presidenta de la Junta se garantiza que, cuando los andaluces tengan que ir a votar el 2 de diciembre, no se conozca todavía la sentencia. Es materialmente imposible que concluyan las sesiones pendientes del juicio y que los magistrados redacten el fallo.

El fraude de los cursos de formación es otro caso de corrupción que salpica al Gobierno de Susana Díaz. Este asunto sigue investigándose en varios juzgados, por más que los consejeros y la presidenta traten de minusvalorarlo y decir que se trata de un “bluf”.

SILVIA MORENO

Fuente: EL MUNDO

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Temas: Categorías: España Mundo

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