El presidente aragonés, Javier Lambán, charlando con el presidente
El presidente aragonés, Javier Lambán, charlando con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa EFE

El PP ha presentado este lunes un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Actualización de Derechos Históricos de Aragón.

Lo han presentado, en el Tribunal Constitucional, el presidente de los populares aragoneses, Luis María Beamonte, y el secretario general del grupo parlamentario, José Antonio Bermúdez de Castro, por entender que la referida ley conculca preceptos de la Constitución, el Derecho civil y hasta 11 artículos del Estatuto de autonomía de Aragón.

El declaraciones a los medios, ambos políticos han señalado que la referida ley que, en su opinión, rompe la unidad de España, la ha elaborado Javier Lambán “solo para contentar a su socio de gobierno, Chunta Aragonesista (CHA)”.

Añaden que, además, “infringe la jerarquía normativa, invade competencias del Estado, incumple la Ley de Financiación de las comunidades autónomas, modifica el Estatuto de Autonomía de Aragón y altera el sujeto único de soberanía del que emanan todos los poderes del Estado”.

La norma, que proclama a Aragón como “país”, “nacionalidad” y “territorio foral”, fue impulsada por Chunta Aragonesista (CHA), partido nacionalista que gobierna en Aragón en coalición con el PSOE, bajo la presidencia de Javier Lambán.

La ley fue aprobada por las Cortes de Aragón el pasado 28 de junio con los votos a favor de PSOE, Podemos, PAR, CHA e IU, y entró en vigor tras ser publicada en el BOA.

“Despropósito jurídico”

El recurso, avalado por 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular, pide que se analicen 21 de sus 34 artículos y cinco disposiciones de una norma que representa “un despropósito jurídico que subvierte las reglas más básicas del Derecho, desde la supra legalidad constitucional hasta la seguridad jurídica, el sistema de fuentes del derecho, la jerarquía normativa y otros tantos principios”.

En su primer artículo, el texto declara que «Aragón es una nacionalidad histórica de naturaleza foral, cuya identidad jurídica, así como la voluntad colectiva de su pueblo de querer ser, se han mantenido de manera ininterrumpida desde su nacimiento».

Los letrados que han elaborado el recuso, al que ha tenido acceso este periódico, censuran la exposición de motivos, en la que dicen que se llega a “reinterpretar el proceso autonómico”, y advierten de que por su contenido se deduce que “la ley tiene por finalidad configurar una base legitimadora de la existencia de la Comunidad Autónoma de Aragón preconstitucional, de manera que se entiende que los poderes, instituciones, derechos, libertades y cualesquiera proyecciones de la autonomía encuentran su fundamento en los derechos históricos”.

Añaden que pretende “abordar materias ajenas al derecho foral y superar el límite competencial, con base en una interpretación historicista”.

En su opinión, el “más grave ataque a la Constitución” se debe a la concepción que impregna “toda la ley” y que se basa en que “los derechos forales (o históricos) de Aragón son el fundamento de sus derechos públicos, la relación de autonomía y bilateralidad con el Estado, el derecho de acceder al más alto grado de autogobierno y el fundamento del derecho de Aragón al autogobierno político y a la autonomía financiera”.

La ley reclama para Aragón la “bilateralidad” con el Estado y se reserva “el derecho de requerir un régimen financiero propio y una Hacienda foral”.

El recurso plantea que esta ley afecta al principio que garantiza que la Constitución es la norma fundamental y suprema del ordenamiento, y que sujeta a todos los poderes públicos.

Para los letrados, hay un “evidente exceso” respecto al significado de actualización. Argumentan que con la excusa de esa actualización, se acomete la regulación sobre aspectos ajenos al derecho foral, como es establecer la denominada “condición política de aragonés”, que es materia propia del Estatuto de Autonomía.

Además de contener aspectos que podrían vulnerar la Constitución, el recurso considera que se limita el derecho europeo en uno de sus artículos, que establece que “los derechos históricos del pueblo aragonés son anteriores a la Constitución española, al Estatuto de Autonomía, que los amparan y respetan, así como a la legislación emanada de la Unión Europea”.

También hay defectos de forma, como ocurre en el artículo 9, donde al hablar del territorio se modifica la redacción que figura en el Estatuto de Autonomía. Los recurrentes incluyen, también, la posición de la bandera y sostienen que es “inconstitucional” que la de Aragón ocupe el lugar preferente, porque contradice las reglas de preferencia y distinción, que establecen que le corresponde a la española.

Respecto a las instituciones de autogobierno, se incluye el término foral que en el Estatuto de Autonomía no aparece. En concreto se dice que Aragón es “un territorio foral”.

El recurso cuestiona la referencia al patrimonio expoliado y emigrado, para recordar que implica una “evidente extralimitación competencial” y que el Gobierno aragonés no podría actuar ni en el patrimonio del Estado ni en el de otras comunidades ni en el de los entes locales.

JAVIER ORTEGA

Fuente: EL MUNDO

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Temas: Categorías: España Mundo

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