El concejal del PP de Valencia y asesor en la Diputación, Francisco Lledó, a
El concejal del PP de Valencia y asesor en la Diputación, Francisco Lledó, a su entrada en la Ciudad de la Justicia. BIEL ALIÑO

El cese del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, dio por finalizada la relación contractual de todo el personal eventual de la corporación. Más de 40 personas fueron cesadas al finalizar el mandato de mandatario provincial que, a petición de los grupos políticos, les había nombrado. Días más tarde, el nuevo presidente de la institución, Toni Gaspar, firmaba otro decreto para volver a contratar a los asesores cesados (en su mayoría concejales y alcaldes).

Una circunstancia que fue aprovechada por algunos grupos políticos como Esquerra Unida para prescindir de su asesora Estefanía Candel (crítica con la nueva dirección) por alguien más de la cuerda de Rosa Pérez. Un cambio que generó tensión en la formación y acabó con la dimisión de la histórica Glòria Marcos.

Por contra, el grupo popular que dirige Mari Carmen Contelles volvió a renovar, en el cargo de asesor, al ex concejal de Valencia Francisco Lledó, imputado en el ‘caso Taula’. El ex edil está, como el resto del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, y algunos cargos de la anterior etapa, suspendido de militancia tras su imputación por un presunto delito de blanqueo de capitales. La investigación sacó a la luz que medio centenar de miembros del grupo municipal popular aportaron 1.000 euros por cabeza para financiar la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas de 2015. Más tarde Mari Carmen García Fuster, la secretaria del grupo municipal, les devolvió el dinero en dos billetes de 500 euros. Un dinero que «a juicio policial puede provenir de contraprestaciones ilícitas en el campo de la contratación pública».

Pese a su imputación, el PP no ha considerado conveniente prescindir de los consejos de Lledó. Explican que el ex concejal ha estado de baja durante meses con lo que no creían adecuado, apartarlo ahora. El caso es que, en el propio decreto sobre los nombramientos que salió publicado esta semana en el Boletín Oficial de la Provincial, se especifica que la designación de Lledó tiene efectos a partir del 27 de julio cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social le dio el alta médica. El cargo de asesor en la Diputación de Valencia le asegura un buen sueldo.

En el PP, que también mantienen en sus filas a la diputada imputada por el mismo caso, Beatriz Simón, mantienen la situación de los dos investigados no ha cambiado y esperan a que el calendario judicial despegue algunas dudas.

El otro cambio tras la salida de Rodríguez es el del asesor José Manuel Alfaro, persona de confianza de José Manuel Orengo y Alfred Boix. El responsable de prensa deja de depender de Presidencia (Gaspar se deja un hueco libre) y queda adscrito al grupo socialista.

HÈCTOR SANJUAN

Fuente: EL MUNDO

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Temas: Categorías: España Mundo

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