La ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el Congreso de los
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el Congreso de los Diputados. J. J. GuillénEFE

El Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión a trámite y el archivo de la querella presentada por Vox contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por haber denegado la defensa del magistrado Pablo Llarena en la demanda civil que varios ex consejeros de la Generalitat presentaron contra él en Bélgica por unas declaraciones. El auto de la Sala de lo Penal concluye que los hechos recogidos en la querella, presentada el pasado 27 de agosto por presuntos delitos de prevaricación y denegación de auxilio a la Administración de Justicia, no son constitutivos de ilícito penal.

Los hechos descritos en la querella se refieren a que la ministra de Justicia comunicó en dos reuniones a la Abogada General del Estado que el Gobierno no iba a defender, por motivos estrictamente de oportunidad política, al magistrado del Supremo instructor del 1-O Pablo Llarena ante la justicia belga, a sabiendas de que los Servicios Jurídicos del Estado estaban obligados a asumir esa defensa. Esa decisión, según los querellantes, fue confirmada posteriormente en una nota de prensa.

En línea con el informe del Ministerio Fiscal, la Sala descarta la existencia del delito de prevaricación puesto que “no consta resolución alguna adoptada por la querellada respecto de la cual pueda si quiera realizarse un examen indiciario sobre su injusticia”. Según el auto, ni las supuestas manifestaciones realizadas por la ministra en una reunión con la Abogacía, ni la posterior publicación de una nota de prensa pueden entenderse como tal. La Sala recuerda que, de acuerdo con su jurisprudencia, la imputación de un delito de prevaricación exige indicios de la comisión del mismo especialmente derivados del contenido de la propia resolución y en su caso del propio procedimiento en el que se dicta.

Respecto al delito de denegación de auxilio a la Administración de Justicia, el tribunal indica que tampoco se aportan en la querella elementos que permitan sustentar la existencia de este delito – en el que se castiga al funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público. Así, señala que ninguna de las actuaciones descritas por los querellantes revela una quiebra del eficaz cumplimiento de las funciones públicas o una perturbación grave de éstas, tal y como exigiría la aplicación del tipo citado.

MANUEL MARRACO

Fuente: EL MUNDO

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Temas: Categorías: España Mundo

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