Aficionados al toreo sacan a hombros a un diestro tras una corrida de toros e
Aficionados al toreo sacan a hombros a un diestro tras una corrida de toros en Palma. BERNARDO PAZ

El máximo órgano judicial de las Islas respalda formalmente al Ayuntamiento de Palma en su cruzada política y administrativa para declararse de cara a la opinión pública como municipio antitaurino. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha dictaminado que el acuerdo de inspiración animalista aprobado por Cort en el que se realizaba una declaración de intenciones contra las corridas de toros no vulnera preceptos jurídicos, ya que se trata de una declaración de intenciones sin invasión de otras competencias.

El TSJB confirma así la declaración que hizo el Ayuntamiento de la capital balear para declarar públicamente la ciudad como municipio antitaurino en julio de 2015. Considera que la aprobación de aquella proclama debe ser entendida como «una declaración de intenciones o de voluntad sin efectos jurídicos».

«No se prohíben las corridas de toros y así debe interpretarse», afirma la sentencia del TSJB sobre aquel acuerdo municipal adoptado por el pleno hace casi dos años.

La sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal balear da la razón así al recurso presentado por Cort contra una sentencia anterior de un juzgado de primera instancia de Palma que anuló un punto del acuerdo aprobado en aquella sesión plenaria.

El consistorio palmesano recurrió después de que en julio de 2017 un juzgado contencioso estimara parcialmente un recurso de la Fundación del Toro de Lidia contra el acuerdo. El juez consideró entonces que el punto tercero de aquella declaración sobrepasaba el planteamiento meramente ideológico y que constituía por sí mismo un acto normativo, ya que implícitamente prohibía las corridas de toros.

No prohibía

Cort apeló ante el Tribunal Superior alegando que ese punto anulado de la declaración únicamente «instaba» pero en la práctica no prohibía ninguna actuación a las autoridades competentes en la materia, por lo que carecía de efecto normativo o jurídico.

El punto tercero de la declaración antitaurina que ha sido objeto de análisis judicial, informa Efe, decía literalmente: «El Ayuntamiento de Palma manifiesta su voluntad de que no se celebren corridas de toros ni otros espectáculos donde se produzca la muerte o se infrinja estrés psicofísico a un animal en ninguna plaza de toros de Palma ni de Baleares».

El TSJB resuelve en su sentencia que hasta que se promulgó la ley de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en 2017, la conocida como Ley de toros a la balear, la normativa regional carecía de regulación propia de los espectáculos taurinos y se regía por un decreto estatal de 1996. Estipulaba que, para celebrar una corrida de toros, debía comunicarse al delegado del Gobierno para que otorgase la preceptiva autorización, y ponerse en conocimiento del alcalde de lo localidad donde fuera a celebrarse. Ese decreto era el vigente cuando Cort aprobó el acuerdo declarando la ciudad municipio antitaurino.

Solo tras la ley de toros a la balear de 2017, la competencia para recibir la declaración responsable corresponde al ayuntamiento.

El TSJB asegura en consecuencia que el acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento de Palma el 30 de julio de 2015 «debe ser entendido como una declaración de intenciones o voluntad, sin efectos jurídicos, ya que [con la legalidad que estaba vigente en aquella época] incurrirían en ilegalidad manifiesta» si prohibieran las corridas.

EDUARDO COLOM

Fuente: EL MUNDO

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