Pacto de los Presupuestos 2019 entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Pacto de los Presupuestos 2019 entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. JAVIER BARBANCHO

Llevaban negociando desde agosto, pero tal fue la improvisación final, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tuvo que telefonear avanzada la noche a diversos altos cargos para intentar calibrar el coste de lo que estaba aceptando el presidente Pedro Sánchez en su reunión simultánea con Pablo Iglesias. Los últimos escollos fueron el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, que vulnera el pacto alcanzado por los propios agentes sociales en 2017; y la política de vivienda, que va a disuadir a empresas y particulares de poner pisos a alquiler, por el riesgo de verse obligados a prorrogar contratos hasta siete años al inquilino.

El documento de 50 páginas difundido presenta una trampa notable inicial y es que desglosa la veintena de partidas de gasto que aumentan y no hace lo mismo con los ingresos estimados. Es decir, se promete por ejemplo aumentar los presupuestos para vivienda en unos 500 millones anuales hasta 2021, mientras que no se detalla cuánto se obtendrá de las distintas subidas de impuestos. Se ofrece un aumento de gasto seguro con incierta forma de compensarlo para cuadrar las cuentas.

Al margen del documento, Montero sí hizo una estimación de recaudación que no encajaba con la que ofreció Iglesias ni con el martillazo de descontar unos hipotéticos 1.100 millones que llegarán a la Seguridad Social vía subida del salario mínimo. Es un pacto en el que los propios firmantes leen cifras diferentes y habrá quien se ría, pero se trata de un documento con el membrete del Gobierno de España en la cuarta economía del euro y debería ser lo más sólido posible.

Otra de las trampas es la retórica, que presenta los últimos siete años como si no hubiera existido nunca una recesión, ni posterior recuperación en España. Define este período histórico como el de «siete años de recortes y asfixia de los Gobiernos de Partido Popular». Obvia por ejemplo que los recortes comenzaron en 2010 y no por capricho de Zapatero, sino obligado para corregir la fiesta previa de gasto público de la que el PSOE ha perdido demasiado pronto la memoria. En las 50 páginas del documento no aparece en ni una sola ocasión la palabra endeudamiento, pese a que es la principal vulnerabilidad actual de la economía española, según todos los organismos internacionales. El déficit sí lo menciona pero para decir que los ayuntamientos que no lo cumplan serán autorizados igualmente a aumentar personal.

En algunas partidas de gasto se consigna toda la cifra para sacar pecho, como el caso del Plan contra la Violencia de Género en que se subrayan 220 millones, cuando en realidad, lo que hay son 20 millones más que con el PP. En cambio, en otras, como el aumento de las pensiones con el IPC, sólo figuran los 704 millones que costará completar la subida hasta llegar a la inflación real y no los más de 2.000 millones que supondrá en 2019 ir más allá del 0,25% previsto en la ley. Es un enorme esfuerzo de gasto estructural sin que el Gobierno y Podemos expliquen seriamente cómo equilibrarlo. Afirmar que van a llover los millones apretando a las rentas más altas y a las grandes empresas -que son las que más fácilmente pueden reaccionar moviendo el dinero a otro sitio- es difícil de creer.

Un ingreso más seguro sería el incremento de la fiscalidad del diésel, pero ahí el acuerdo lo menciona de tapadillo por impopular y quizá por ser doblemente falaz, ni deja fuera a la clase trabajadora, ni es una mera arma contra la contaminación, porque no se cobrará a los mayores usuarios, que son los transportistas.

La ayer, de nuevo, desaparecida Nadia Calviño podrá alegar, con toda razón, que el pacto del PP con el PNV del pasado abril no era menos populista, puesto que aumentaba el gasto estructural de las pensiones sin explicar con qué ingresos financiarlo. Pero repetir e incluso agravar aquel error de Rajoy complica la imagen de solvencia de España en el año en que el Banco Central Europeo ha prometido encarecer el precio del dinero.

La trampa mayor es que Sánchez e Iglesias parecen disfrutar con su operación win win: si sale adelante el Presupuesto irán a las elecciones de 2019 con alto gasto público y, si no, podrán culpar al resto de no haber podido hacerlo. Pero en economía sólo generar expectativas tiene consecuencias reales. Si Sánchez dudó hasta el final en prometer 900 euros de salario mínimo es porque sabe que puede complicar la creación de empleo. El mensaje de más gasto público y más impuestos es un empujón a la cada vez más clara desaceleración y al paro y la deuda que envenenan la economía española.

CARLOS SEGOVIA

Fuente: EL MUNDO

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Temas: Categorías: España Mundo

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