Pedro Sánchez, acompañado de los barones socialistas Ximo Puig y
Pedro Sánchez, acompañado de Ximo Puig y Susana Díaz en julio de 2014. ALBERTO DI LOLLI

Las críticas de la Junta de Andalucía al Gobierno por la crisis de inmigración en el Estrecho han revelado un hecho que se está reproduciendo en otras comunidades autónomas de forma cada vez más acentuada: los barones del PSOE están empezando a criticar decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, alarmados por el efecto que pueden tener en su electorado a pocos meses de los comicios autonómicos y municipales.

El estallido de la Junta y del PSOE andaluz por la inmigración no es ajeno a la proximidad de las elecciones -Andalucía las debe celebrar como tarde en el mes de marzo-, como tampoco lo son las protestas en Castilla-La Mancha por los trasvases o las quejas de la Comunidad Valenciana por la financiación.

En efecto, en esta última autonomía el Gobierno de Ximo Puig ha sido durante toda la legislatura muy exigente con el Ejecutivo central e incluso convenció a los empresarios para salir a la calle y exigir una mejor financiación en una gran manifestación. Con la llegada de Sánchez a La Moncloa el pasado junio, Puig levantó el pie del acelerador, pero aun así ha mantenido sus exigencias y su firmeza ha ido aumentando.

Así, el consejero valenciano se abstuvo en el Consejo de Política Fiscal que debatió el techo de gasto y hace sólo una semana el propio Puig señaló que “los resultados son insuficientes”. Más allá, la negativa de Sánchez de comprometerse con la reforma del modelo de financiación ha generado mucho malestar en los socialistas valencianos. Habrá una serie de medidas transitorias, pero si no son satisfactorias, es seguro que la presión del PSPV sobre el Gobierno crecerá según se acerquen las elecciones autonómicas.

En Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page inició la semana advirtiendo al Ejecutivo de Sánchez de que “bajo ningún concepto” aceptará una negociación bilateral entre el Estado y la Generalitat catalana sobre financiación. Precisamente, una de las concesiones que el Gobierno socialista está dispuesto a hacer a los independentistas dentro de su política de apaciguamiento.

Más problemático para sus expectativas electorales puede ser el primer trasvase del Tajo al Segura gestionado y aprobado por el Gobierno socialista, que se decidió el jueves. Page se apresuró a denunciar que es “tan injusto como todos los de Rajoy”, y añadiendo que, en este caso, además es “incoherente con la nueva política de agua anunciada”. Prometió defender “por encima de todo nuestra tierra”, pero ya ayer tenía al PP castellano-manchego pidiendo su dimisión por este asunto y al Levante celebrando la llegada del agua.

HÈCTOR SANJUAN, ROBERTO BENITO

Fuente: EL MUNDO

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