El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont
El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont Tobias SchwarzAFP

Desde el inicio del procés, hace nada menos que seis años, los promotores de la declaración de independencia partían de una premisa legal: de no concurrir violencia ningún tribunal podría apreciar todos los elementos del tipo de rebelión. Evidentemente, la intención del legislador al redactar ese capítulo del Código Penal no era otra que dotar al Estado de un instrumento que disuadiera los alzamientos militares, pero en absoluto previó que el pronunciamiento viniera de los representantes del Estado en una parte del territorio. Tampoco que, sin el uso de violencia, esa declaración tuviera efectos prácticos, pues bastaría con la pacífica aplicación del 155 para reponer la legalidad infringida, como sucedió.

Aunque esa hoja de ruta era conocida desde 2012, el legislativo mantuvo un inmovilismo que en buena parte de la sociedad ahora produce, cuando menos, estupor. Bien pudo haber adaptado ese tipo penal a la realidad social, previendo y penando las conductas anunciadas por los promotores del procés. Pero nada se hizo. Muchos podrán también tachar de inmovilista la conducta que el Gobierno observó en el 9-N. Un Ejecutivo que en ese momento siquiera osó mentar el artículo 155, como tampoco lo aplicó cuando se produjo la convocatoria del 1-O, extremo que a buen seguro contribuyó a esa sensación de impunidad que alentó y aceleró la declaración de independencia, dejando pasar por nuestros incrédulos ojos la mayor crisis constitucional.

Así las cosas, podríamos preguntarnos qué motivación llevó al Estado a tratar de impedir la votación del 1-O en, solamente, el 2% de los colegios electorales. Claro está que con semejante intervención policial no se trataba de impedir la consulta, pero no tan claro si, con ello, lo que realmente se perseguía era tratar de preconstituir el imprescindible requisito de la violencia para luego tratar de sustentar un proceso penal por rebelión.


Lo grave sería que una eventual condena por rebelión pudiera ser revocada en Europa


Si realmente se intentó frenar la consulta, su celebración demostraría la negligencia que presidió la intervención policial. Si lo que se pretendía era preconstituir el elemento de la violencia, la respuesta de los tribunales alemanes evidencia lo patético de tamaña estrategia, sin perjuicio de constituir un delito provocado por el Estado y exento de pena.

Más sorprendente e que tales hechos tuvieran su colofón en la imprudente conducta de la Fiscalía, que tres días antes de la interposición de su querella la anunció esa su intención a bombo y platillo, provocando la fuga del depuesto presidente y buena parte de su gobierno.

Pero lo verdaderamente grave para nuestro futuro como país sería que una eventual condena por rebelión pudiera ser revocada en Europa, dando argumentos legítimos a aquellos que vienen hablando de presos políticos, e incrementando el sentimiento de victimismo que han pretendido alentar para revertir algo que es evidente, pero no se ha evidenciado por nuestra diplomacia: los votos independentistas apenas alcanzan el 48% y, por tanto, es la minoría independentista la que quiere imponer ilícitamente su voluntad sobre la mayoría del pueblo catalán.

No obstante lo expuesto, la reacción popular a la decisión de la justicia alemana no ha sido otra que descargar nuestras culpas en ese país, como antes en Bélgica y, mientras, los directos responsables de esta esperpéntica situación muestran impostada estupefacción, cuando son perfectamente conscientes de que sólo es consecuencia de tantas y tantas negligencias concatenadas.

Eugenio Luis Rodríguez Díaz es socio del despacho Lean Abogados.

EUGENIO LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ

Fuente: EL MUNDO

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