El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ayer junto a la vicepresidenta del Co
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ayer junto a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. EFE

El plan de la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, para revertir al sector público las residencias conocidas como de «gestión integral», es decir, centros públicos de gestión privada, dará otro paso fundamental con la aprobación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2019, en el que se ha incluido el retorno automático de todos los contratos de gestión que expiren.

El cambio se introduce en el apartado 3 del artículo 40 relativo a los centros de titularidad pública en el ámbito de la diversidad funcional, que afectan tanto a centros de mayores, como de menores o de necesidades especiales. Literalmente dice que «finalizado el plazo de duración del contrato de gestión integral del centro de titularidad pública, el servicio revertirá a la Administración». Con ello, se inicia la paulatina reversión de centros que se irán incorporando a la gestión pública conforme vayan expirando los contratos, sin posibilidad de renovación, según la ley.

Además, se establece la obligación de entregar las instalaciones en perfectas condiciones, para evitar un elevado coste de adecuación de los centros que vuelvan al ámbito público: «El contratista deberá entregar los bienes muebles, inmueble e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados».

El artículo completa lo que ya se había modificado en la Ley de Acompañamiento del año pasado, en el que se estableció que, cada vez que se extinga un contrato de gestión privada, todo el personal del centro pasará a Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria (IVASS), una puerta abierta directa para que varios miles de trabajadores -alguna estimación de la patronal del sector habla de 3.000- que han sido contratados fuera de los procedimientos previstos para acceder a una plaza pública, sea en condición de interino o de funcionario de carrera.

La ley de acompañamiento de 2017 ya preveía que el personal afectado «continuará en su puesto en condición de personal a extinguir», es decir, tiene garantizado su puesto, aunque «solamente podrá adquirir la condición de fijo mediante la superación de los procesos normativamente establecidos a estos efectos, y con respeto a los principios constitucionales y legales aplicables». El modelo y la denominación aplicados son los mismos que se aplicaron con la plantilla del Hospital de Alzira cuando la Conselleria de Sanidad decidió no prorrogar la concesión. De ahí la comparación que en ocasiones se hace entre los pasos que está siguiendo Oltra con los centros sociales y la reversión del modelo Alzira.

La progresiva incorporación de trabajadores al IVASS ha provocado serias fricciones entre el departamento de Oltra y la Conselleria de Hacienda, encargada de velar por la racionalización del sector público y de controlar las plantillas de los organismos públicos, un control que Oltra logra saltarse al imponer la reversión por ley. El pasado mes de julio 27 empleados de la residencia de Albocàsser gestionada por La Saleta pasaron al sector público al aprobarse esta primera reversión.

X. BORRÀS | H. SANJUAN

Fuente: EL MUNDO

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Temas: Categorías: España Mundo

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