Pintadas a favor de ETA en una carretera en la provincia de Álava
Pintadas a favor de ETA en una carretera en la provincia de Álava E.M.

La operación ordenada por la Audiencia Nacional contra los bienes de 50 ex presos etarras tiene una enorme importancia y carece de precedentes. También es cierto que esta excepcionalidad es absolutamente desafortunada porque, desde hace décadas, esta forma de proceder por parte del Estado debía haber sido la normal. Sin embargo, la falta de convicción, las presiones nacionalistas y el interés por no molestar a la izquierda abertzale en momentos delicados ha impedido que la Justicia y los diferentes gobiernos actuasen con la diligencia esperable durante todo el periodo democrático. La ejecución de este procedimiento en estos momentos tiene también un interés añadido: sabotea la estrategia de la izquierda abertzale de dar un trabajo a los presos de ETA para que se incorporen a la sociedad como si, por haber cumplido unos años en prisión, no tuvieran cuentas pendientes. De lo que se trata, grosso modo, es de investigar las propiedades que tienen los etarras para que respondan con ellas a las indemnizaciones a las que fueron condenados y que deben a sus víctimas. A pesar de ser una parte fundamental de las condenas, la Administración jamás había hecho ningún esfuerzo porque se cumpliera.

De hecho, en los años ochenta y primeros años de los noventa, lo que era difícil era sencillamente que los terroristas cumplieran sus condenas. En aplicación del antiguo Código Penal y con la reinserción por bandera, la condena real de los etarras era de 30 años que había que reducir a la mitad prácticamente de forma automática. A esos 15 años había que descontarles los que los presos ganasen por su comportamiento, es decir, por efectuar estudios o trabajos determinados. Salían en tercer grado cuando llevaban pocos años en la cárcel, a pesar de haber cometido asesinatos que contabilizaban centenares de años de condena y algún caso se produjo en el que ni siquiera se cumplió la formalidad de proceder al ingreso en prisión del terrorista afectado cuando se consideró que, a pesar de haber asesinado a varias personas, llevaba años comportándose como un ciudadano normal.

Con este planteamiento, difícilmente podían aspirar las víctimas a que los terroristas les pagasen las indemnizaciones civiles que les debían. Durante todo aquel tiempo, los nacionalistas vascos se opusieron furibundamente a que se importunase a los terroristas en libertad. El Gobierno vasco incluso proporcionó trabajo a algunos de ellos y, si se iniciaba algún tipo de investigación en su contra, empleaba los subterfugios adecuados para que los empleados no tuvieran que ver menoscabados sus ingresos para cumplir con sus obligaciones legales y morales. Su tesis era que, para que no volvieran a atentar o para convencerles de que dejaran de hacerlo, tenían que tener una salida mínimamente digna aunque, en realidad, este argumento humanitario no era capaz de ocultar cierto interés electoral. Los propios etarras tenían buen cuidado en aparecer como insolventes. Desde su punto de vista, un terrorista coherente, que odiaba al enemigo al que había asesinado, no iba a pagar bajo ningún concepto una cantidad para restituir a sus familiares.

Durante el Gobierno de José María Aznar, en la época de las conversaciones con los dirigentes de la banda terrorista, el Ejecutivo debió pensar que sería todavía menos soportable esta situación públicamente si el asunto de la tregua salía bien y había que realizar algún tipo de contraprestación técnica a ETA. Por el motivo que fuere, el Estado decidió pagar a la víctimas las indemnizaciones que los terroristas les adeudaban con dinero procedente del erario público, como es natural. La teoría indicaba que el Estado intentaría recuperar ese adelanto con la intervención de los bienes de los etarras. Pero se dieron muy pocos casos.

Del mismo modo que fueron pocos los etarras que se reconocían como reinsertados que, para demostrar su cambio de posición y su respeto por las víctimas, abonaban cantidades, aunque fueran ínfimas procedentes de sus propiedades o de sus trabajos cuando salían de prisión. De hecho, una de las condiciones para salir de prisión en caso de acogerse a alguna medida de reinserción, como ocurriera con la vía Nanclares, era intentar satisfacer la indemnización civil que venía señalada en la condena. Sin embargo, esta ha sido una condición muy poco secundada. Algunos de los acogidos a la vía Nanclares han encontrado una buena excusa para no cumplir con este requisito. El caso de la Tigresa es indicativo de la realidad de este tipo de vías. Quería salir y, sabedora de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero necesitaba engrosar la vía Nanclares para intentar provocar, de nuevo, una división entre los reclusos de ETA que jamás se produjo -los anteriores intentos también habían sido infructuosos-, aceptó a regañadientes firmar una carta admitiendo que sentía mucho lo ocurrido. Los términos hacían sospechar de si su arrepentimiento era verdadero. Incluso se permitió el lujo de amenazar con no firmar nada si los términos empleados la comprometían demasiado. La operación realizada por la Guardia Civil, demuestra lo muy limitado de su intención. Sus cuentas demuestran que había acumulado una cantidad con la que no había pensado cumplir la ley.

Hace pocos días, la organización de la izquierda abertzale que se encarga de los presos -lo que antes se llamaba Gestoras pro Amnistía-, anunció que había conseguido trabajo para 20 de ellos. Para algunos, trabajo fijo. Porque de eso se trata. Sortu y Bildu tienen que demostrar que la trayectoria que les ha permitido estar en las instituciones a cambio de aceptar la disolución de ETA, incluye resolver la situación de los presos y los huidos. Acercándolos, sacándolos de prisión y proporcionándoles un trabajo para que se incorporen a la sociedad dignamente. En algunos aspectos de esta cuestión de los presos, sienten que compiten de nuevo con los logros que pueda presentar el PNV al respecto y esto, a Arnaldo Otegui y a los suyos, les pone nerviosos. Esta operación, en definitiva, les recuerda que no pueden estar tan tranquilos como creían. Aunque llegue tarde.

ÁNGELES ESCRIVÁ

Fuente: EL MUNDO

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