Mientras el máximo tribunal dijo que los juicios políticos tienen “mayor laxitud” que una causa penal, al rechazar el recurso de un ex juez. 

El ex camarista Jorge Ballestero en los Tribunales de Comodoro Py. FOTO PEDRO...
El ex camarista Jorge Ballestero en los Tribunales de Comodoro Py. FOTO PEDRO LAZARO FERNANDEZ

El Poder Ejecutivo publicó hoy lunes en el Boletín Oficial el decreto de aceptación de la renuncia presentada por el camarista federal Jorge Ballestero luego de las críticas y denuncias recibidas tras el fallo que liberó transitoriamente al empresario Cristóbal López. A la vez, el Gobierno recibió en los últimos días un respaldo indirecto de la Corte Suprema a su política de aceptar las renuncias de jueces investigados y no llevarlos a juicio político.

Como la renuncia rige a partir del 1° de junio, según dice el decreto 450/18, se supone que Ballestero debiera presentarse mañana martes a trabajar nuevamente en los tribunales de la Avenida Comodoro Py ya que se le vence la licencia que había pedido el mes pasado en medio de la tormenta por el fallo sobre López, luego revertido por la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó volver a detener al empresario dueño del desvanecido emporio nucleado en el llamado Grupo Indalo.

En el edificio de los tribunales de Retiro dan por descontado que Ballestero pedirá una prórroga de la licencia hasta llegar a esa fecha, lo que hasta ahora no ocurrió. Ballestero dejará así definitivamente la sala I de la Cámara Federal penal porteña, un tribunal que emitió fallos favorables al kirchnerismo cuando éste era Gobierno hasta que fue hallado muerto el fiscal Alberto Nisman, la ex presidenta deshizo la Secretaría de Inteligencia y desde su despacho de Comodoro Py, junto con el voto del también cuestionado Eduardo Farah, declararon inconstitucional el pacto con Irán por el atentado contra la AMIA.

La partida de Ballestero, más la reciente renuncia de Horacio Cattani, juez de la sala II, más la destitución de Eduardo Freiler, de la sala I, hace un año y medio, dejaron a la Cámara Federal con apenas dos miembros. Ellos son Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. Se supone que a fin de mes o principios de junio debiera incorporarse un tercer magistrado, Mariano Llorens, que aún aguarda el acuerdo del Senado. Entre las dos salas de tres miembros cada una, la Cámara Federal debiera tener seis jueces.

El caso de Freiler -que firmó con Ballestero numerosos fallos favorables al kirchnerismo pero no así la inconstitucionalidad del pacto con Irán- fue una suerte de excepción, ya que la estrategia del Gobierno fue aceptar las renuncias de los jueces acorralados en el Consejo de la Magistratura por investigaciones en su contra. Freiler prefirió resistir pero perdió el juicio político que se focalizó en su patrimonio.

En cambio, el Gobierno optó por aceptar las renuncias de dos jueces emblemáticos como Ballestero, de extensa trayectoria en Tribunales -antes de camarista fue juez de instrucción durante el menemismo- y Norberto Oyarbide, en este caso a mediados de 2016. Oyarbide es investigado en una causa penal, también por las presuntas inconsistencias de su patrimonio.

La estrategia del oficialismo, defendida públicamente por el ministro de Justicia, Germán Garavano, recibió, sin embargo, críticas internas dentro de la coalición de gobierno, Cambiemos. Por caso, la diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, había dicho públicamente que Oyarbide debía ser llevado a juicio político, destituido y perder su jubilación.

Pero la semana pasada, el plan de “mejor que se vayan antes que destituirlos aunque tengan la jubilación” pareció recibir un indirecto respaldo de la Corte. En su último acuerdo plenario de ministros el máximo tribunal resolvió un caso en el que recordó que “el objetivo del instituto del juicio político, antes que sancionar al magistrado”, es “el de determinar si éste ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad”.

Exactamente ese es el argumento públicamente esgrimido por Garavano y otros representantes del Gobierno para justificar la salida de cuestionados jueces si es que ellos deciden renunciar. El pensamiento de la Corte fue expresado por cuatro de sus cinco miembros al rechazar el recurso de queja presentado por un juez correntino destituido en 2013, Ramón Ramírez, por mal desempeño de sus funciones a raíz de un supuesto caso de acoso sexual.

Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton, el máximo tribunal recordó ese concepto al señalar que los juicios políticos tienen una “mayor laxitud” en las exigencias de pruebas en comparación con un proceso penal. Ramírez, ex juez penal en la localidad de Saladas, había dicho que había sido mal juzgado y destituido. Pero ni la Corte de su provincia ni la nacional le dieron la razón.

Lucio Fernández Moores

Fuente: CLARIN

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