La enorme inflación que azota el país sudamericano ha disparado el coste de los alimentos básicos aún más en el último año

¿Cuántos días hay que trabajar en Venezuela para comprar un kilo de pollo? 0

Hace un año, en mayo de 2017, un venezolano con salario mínimo tenía que dedicar casi una jornada entera de trabajo, 7 horas y 24 minutos, para comprar un kilo de pollo. La inflación disparada que acusa el país ha inflado aún más ese precio, de por sí ya enorme, en solo un año. Ahora, para conseguir el mismo producto, el mismo trabajador tiene que dedicar 88 horas: 11 días. En 2014, ocho de cada diez familias venezolanas compraban pollo semanalmente. El año pasado (últimos datos disponibles), solo tres. 

Los alimentos son uno de los principales indicadores del colapso del sistema económico venezolano, acrecentado tras la llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013, un mandato que las elecciones del pasado domingo extienden hasta 2025. La investigadora senior para América Latina del Barcelona Center for International Affairs (CIDOB), Anna Ayuso, denuncia que hay una enorme dependencia del exterior para importar comida. “La situación es nefasta, porque no se tienen las divisas suficientes y la gente no puede comer”, apunta. 

Describir la situación de Venezuela a partir de datos objetivos se topa con un primer obstáculo. El país ha ido perdiendo transparencia en sus cifras públicas en los últimos años, acusa Miguel Santos, investigador especialista en el país sudamericano en el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. “Desde 2015 para acá, una cifra como la inflación está basada en estimaciones de terceros y fuentes independientes [del chavismo], incluyendo la Asamblea Nacional de Venezuela, porque el Banco Central no publica datos oficiales desde hace tres años de balanza de pagos, inflación o movimientos del PIB”. La hiperinflacción lleva a la Administración a actualizar a menudo el salario mínimo, pero sigue siendo insuficiente para comprar los productos básicos. Tan solo este año, Maduro ha subido tres veces el salario mínimo.

La medición del MIT, basada en información remitida por compradores de los productos analizados en Venezuela, es una de esas fuentes externas de referencia. El índice de precios de esa canasta multiplica ahora por casi 4.000 el de hace un año.

A pesar de la falta de claridad, fuentes oficiales ofrecen un indicio claro de que la inflación crece sin freno. El Banco Central de Venezuela actualiza el número y el valor de las monedas y billetes en circulación. En abril, ese metálico equivalía a casi 19 billones de bolívares. En el mismo mes de 2017, eran 1,4 billones, y un año antes, en abril de 2016, solo medio billón. La máquina de hacer billetes de Venezuela funciona a un ritmo frenético.

Al problema de carestía de los alimentos se añade la crisis de la industria. El país se encuentra en un “colapso productivo”, según un estudio del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Desde 2013, la producción por habitante ha caído un 45%.

Según Anna Ayuso, “[Venezuela] presenta un déficit tremendo porque toda la industria local está más o menos destruida. Las divisas que les venían básicamente del petróleo son bajas, pero es que además lo han vendido por adelantado a algunos países, entre ellos China”. Además de la variable del precio del crudo, bajo en los últimos años, la experta destaca sobre todo la pérdida de producción en un país que posee, según la OPEC, las mayores reservas de crudo del mundo (uno de cada cuatro barriles). 

La producción se ha reducido a casi la mitad desde 2014, cuando tocó máximos. Ayuso apunta a malas decisiones ejecutivas de la Administración venezolana. “Echaron a todos los profesionales y colocaron a sus amigos [en empresas públicas]”. Anna Ayuso denuncia además que el petróleo sirve para financiar las fuerzas armadas en un régimen “totalmente mafioso”. “Quien preside ahora Petróleos de Venezuela (PDVSA) [Manuel Quevedo] es un general del Ejército”. Siete vicepresidencias de PDVSA también están en manos de militares, según denuncia el capítulo venezolano de la organización Transparencia Internacional.

Algo parecido ocurre con el grupo industrial de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que controla recursos minerales y forestales básicos: siete de sus últimos diez presidentes vestían uniforme de alto rango. El control militar de sectores cruciales se extiende también al de los alimentos, con los que los militares trafican, según informó Associated Press. En noviembre de 2017, 12 de los 32 ministerios se encontraban bajo la responsabilidad directa de personal castrense, igual que los Gobiernos de seis Estados. 

A esta situación se suma la violencia en el país, singularmente en las ciudades. Caracas es la segunda más violenta del mundo, solo superada por Los Cabos (México). Otra urbe venezolana, Guayana, es la novena más peligrosa. La tasa de homicidios del país cuadriplicó en 2017 la de 1995. La impunidad que pende sobre muchos crímenes agudiza el problema. Según un informe del Ministerio Público venezolano presentado al Parlamento, recogido por Amnistía Internacional, en 2015 se registraron más de 11.000 denuncias de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos. Sin embargo, durante aquel año solo se iniciaron 77 juicios.

En estas circunstancias, cada vez más venezolanos se marchan de su país. “Al principio, salía la población de renta alta que podría permitirse marchar. Ahora es todo el mundo. Es una crisis humanitaria tremenda”, acusa Anna Ayuso. En 2017 el número de ciudadanos que vivía fuera del país multiplicó por 2,3 el de dos años antes. La cercana Colombia sobre todo, pero también Estados Unidos y España, han recibido gran parte de ese flujo migratorio. Para la investigadora, especialista en Latinoamérica, la elección de los destinos próximos a las fronteras revela la situación desesperada de muchos de ellos. “Se están yendo a zonas fronterizas de Colombia o Brasil, que son pobres”, ilustra la investigadora.

El colapso económico se ha producido en paralelo al del sistema institucional venezolano. “Se ha ido sustituyendo un sistema democrático representativo por la construcción de una hegemonía”, describe el profesor de ciencia política de la Universidad Carlos III de Madrid Manuel Hidalgo, experto en Venezuela. “De una democracia liberal representativa, aunque con imperfecciones, se pasó primero a un sistema de delegación de poder, una especie de régimen híbrido que combinaba elementos autoritarios y democráticos y que ya vimos en otros países de América Latina. De ahí, a partir de la pérdida por parte de Hugo Chávez del referéndum constitucional por estrecho margen en 2007, a una clara deriva autoritaria”, describe el experto.

La baja afluencia en las últimas elecciones es una señal de la pérdida de confianza en las instituciones por parte de los venezolanos, indica Anna Ayuso. La evolución histórica de la participación ha marcado un récord negativo en los comicios presidenciales del pasado domingo. 

El think tank estadounidense Freedom House denuncia en su último informe el empeoramiento del sistema venezolano, de resultas de las medidas de “suplantación” de la Asamblea Nacional por la nueva Asamblea Nacional Constituyente, la celebración de elecciones “con graves irregularidades”, la “dura represión gubernamental” de manifestaciones, que dejaron un saldo de más de 100 muertos y de 1.900 heridos, la persecución política (Freedom House considera que los presos políticos eran unos 200 a finales de 2017) y el agravamiento de la crisis humanitaria, con carencias de alimentos y medicinas, y cifras de criminalidad disparadas. El índice de calidad democrática de la revista The Economist calificó en 2017 de “régimen autoritario” a Venezuela por primera vez en su serie anual.

José Manuel Abad Liñán, Javier Galán, David Alameda

Fuente: EL PAÍS

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