Son casi tres millones de hectáreas o, por ofrecer una equivalencia, 24 veces la superficie total de Nueva York, con sus cinco condados. Esa es la extensión de tierra argentina que está en manos de estadounidenses, la nacionalidad extranjera con más propiedad rural en el país. El podio se completa con los italianos, que controlan 2,1 millones de hectáreas locales -casi la superficie total de Sicilia- y los españoles, dueños de casi 1,8 millones de hectáreas, más de dos veces la extensión de la Comunidad de Madrid.

La Argentina tiene 266.711.077 hectáreas de tierras rurales con posibilidad de explotación agropecuaria, ganadera, vitivinícola o minera. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), un 5,57% de ese territorio rural argentino hoy está en manos de extranjeros. Son 12.520.826 hectáreas, equivalentes, por ejemplo, a casi la mitad de la provincia de Misiones o a 622 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre los terratenientes de la Argentina hay grandes empresarios extranjeros como Douglas Tompkins y Joseph Lewis, pero también conocidas figuras locales, como Marcelo Tinelli y Huberto Roviralta o astros del deporte como Gabriel Batistuta y Manuel Ginóbili. En otros casos, hay grandes extensiones en manos de gigantes internacionales como Glencore o el Grupo Benneton (a través de Compañía Tierras del Sud).

Otros propietarios de la tierra argentina, en cambio, son ignotos. Sus nombres se ocultan detrás de sociedades offshore, empresas de papel que muchas veces le otorgan el beneficio del anonimato a sus verdaderos dueños. En el país, según un pedido de información pública cursado por Chequeado y LA NACION al RNTR, casi 2 millones de hectáreas están en manos de firmas radicadas en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. Es más que la suma de las superficies de Liechtenstein, Bahamas, Islas Caimán, Barbados y las Islas Vírgenes Británicas, cinco de los más afamados enclaves offshore.

La conviviencia no se da sin tensiones: en el último año recrudecieron los conflictos terriotoriales reclamos de comunidades indígenas, pero también por potenciales problemas ambientales y económicos.

En Villa Mascardi, un grupo mapuche irrumpió de forma violenta para reclamar cinco hectáreas en un predio que está a nombre de la familia estadounidense Grehan, en un conflicto que quebró la paz del lugar. Hacia el sur, por la ruta 40, un grupo de vecinos realizó el año pasado la marcha por la “soberanía al Lago Escondido” para reclamar por senderos públicos dentro del predio que pertenece a Lewis. A escasos kilómetros, en Chubut, murió Santiago Maldonado . El joven estaba allí en apoyo a la causa mapuche, que reclama tierras dentro de la estancia Leleque, de los empresarios italianos de Benetton.

Una versión completa de esta investigación puede leerse en Chequeado Investigación.

La ley

La cantidad y la calidad de territorio que puede venderse a personas o empresas extranjeras quedó regulada por la Ley 26.737, que estipuló el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Fue sancionada en diciembre de 2011 e impulsada por el kirchnerismo, que actuó convencido de que se debía frenar la extranjerización. Esa norma introdujo fuertes restricciones para la venta de campos y estableció, entre otros puntos, un límite de mil hectáreas a un titular foráneo en la denominada zona agrícola núcleo argentina (que está ubicada en las regiones fértiles del norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba), o las equivalencias de cada provincia.

La ley fija topes. Las tierras en manos de extranjeros no pueden superar el 15% a nivel nacional, provincial y departamental. Una nacionalidad, a su vez, no puede superar el 4,5% de las tierras de un departamento, de una provincia o del país.

La normativa no afectó los derechos adquiridos. Si una empresa o una persona extranjera poseía tierras por fuera de los límites impuestos por la Ley 26.737, el Estado argentino no podía retrotraer la situación. Así, hoy hay más de 40 distritos en “offside”, que superaban los límites que luego impuso la ley, de acuerdo con documentos públicos.

Las dos localidades con mayor nivel de extranjerización del país son salteñas. Se trata de San Carlos, un área declarada “lugar histórico nacional” en los Valles Calchaquíes (con el 58% de su territorio extranjerizado) y el departamento de Molinos (con el 57% de extranjerización). Siguen en el ránking General Lamadrid, en La Rioja (con el 57% de extranjerización); la localidad de Lácar, en Neuquén (53%); San Miguel, en Corrientes (50,8%) y Campana, en Buenos Aires, con el 50,7% de su superficie en manos de foráneos.

Hay, en tanto, 5.900 registros de tierras extranjeras de los que se desconoce la nacionalidad, correspondientes a 2.230.610 hectáreas. De ellas, 890.000 están en Santa Cruz, 234.00 están en Chaco, 159.000 en Chubut y 136.000 en La Pampa.

Cambio de época

La gestión de Mauricio Macri viró su enfoque a la hora de regular la extranjerización de la tierra argentina, convencido de que era necesario “abrir las tranqueras” para fomentar la inversión. El Presidente recibió uno de los primeros cuestionamientos públicos cuando se embarcó en el helicóptero del magnate Lewis, dueño de una propiedad de casi 12 mil hectáreas en el Lago Escondido, en Río Negro.

La figura de este empresario genera diversas resistencias en el sur: numerosas ONG exigieron al gobierno provincial que garantice el acceso a la costa del Lago Escondido a través del sendero Tacuifi, unos 14 kilómetros de camino vehicular desde la ruta nacional 40, que está bloqueado por las instalaciones de All About Kids, la iniciativa de Lewis para las escuelas de la zona.

Con el decreto 820, firmado por Macri el 29 de junio de 2016, Cambiemos dispuso que algunas restricciones de la llamada “ley de tierras” quedaran en desuso o especificó su aplicación.

En este sentido, a diferencia de lo que ocurría antes, dio mayor libertad a la venta y recompra. Por ejemplo, si durante el kirchnerismo un extranjero tenía 1.500 hectáreas en la zona núcleo (superaba el tope de mil) quería venderlas y comprar la misma cantidad, no podía, porque comenzaba a correr la restricción. Macri, con su decreto, comenzó a proteger no sólo los derechos adquiridos sino también los derechos en expectativa: el extranjero puede recomprar la misma cantidad de tierras (o sus equivalencias), lo que estimula el mercado inmobiliario rural.

Entre enero de 2016 y septiembre de 2017, el Registro Nacional de Tierras Rurales entregó 172 certificados de habilitación a nuevos propietarios de extranjeros, según la respuesta al pedido de acceso a la información pública presentado por Chequeado y LA NACION.

Mendoza es la provincia donde se entregaron mayor cantidad de certificados a extranjeros: 75 por 11.784 hectáreas, en su mayoría para viñedos. Estadounidenses, canadienses, brasileños y chilenos invirtieron en los últimos dos años en la actividad vitivinícola mendocina. Un ejemplo de estas nuevas inversiones es The Vines of Mendoza, un emprendimiento fundado por el estadounidense Michael Evans que propone la reventa de parcelas a más de 135 amantes del vino para que puedan tener su propio viñedo personalizado. Allí se alojó Macri en julio de 2017 tras la cumbre del Mercosur.

La gestión actual, en tanto, ajustó algunos términos de la fórmula para contabilizar los campos en manos de foráneos. Si se analiza la variación de las tierras en manos de extranjeros a partir de la asunción de Cambiemos y se comparan los registros de febrero de 2016 con los de febrero de 2018 (primero y último dato oficial disponible), se observa que 12 provincias redujeron la cantidad de tierras en manos de foráneos: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza Misiones, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe. Otras siete aumentaron la extranjerización: Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero y Tucuman. Y cuatro provincias se mantuvieron estables (Chaco, Neuquén, Salta y Tierra del Fuego).

Según explicaron desde el RNTR, las bajas en los porcentajes de extranjerización se debieron a que esta gestión estableció que “había nacionales o residentes considerados por error como extranjeros”, sociedades constituidas en el extranjero “pero integradas en un 100% por nacionales”, empresas que se vendieron a nacionales y tierras que fueron recategorizadas como “parcela industrial”.

Maia Jastreblansky

Fuente: LA NACIÓN

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