Es una vieja causa iniciada por el Colegio de Abogados contra los cambios del kirchnerismo de 2006.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, en el acto de ape...
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, en el acto de apertura del año judicial. Foto: Pedro Lázaro Fernández.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió hoy la opinión de la Procuración General de la Nación en un viejo planteo de inconstitucionalidad contra la reforma del Consejo de la Magistratura dispuesta durante el kirchnerismo y actualmente en vigencia, según dijeron a Clarín fuentes judiciales.

Se trata de una acción planteada una década atrás por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA) rechazada en primera instancia pero aceptada a fines de 2015 por la sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

El caso llegó apelado a la Corte el año pasado por decisión del gobierno kirchnerista, que presentó el recurso extraordinario para ir al máximo tribunal en los últimos día del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y antes de la asunción del gobierno de Mauricio Macri.

El CACBA sostuvo que la ley 26.080 de 2006, sancionada durante el gobierno del fallecido Néstor Kirchner, rompió el “equilibrio” del que habla la Constitución Nacional al otorgarle mayor representatividad a los sectores políticos en el Consejo de la Magistratura por sobre los otros estamentos que lo integran.

Fuentes del Colegio de Abogados dijeron a Clarín que su idea no es regresar a la original integración del organismo, con veinte miembros -ahora, con la ley del kirchnerismo, tiene trece-, sino sancionar una ley “superadora” como consideran que lo sería el proyecto que comenzó a discutirse en el Congreso, con el respaldo del Gobierno y las instituciones de los profesionales del Derecho.

“El estamento político cuenta con una cantidad de representantes suficiente respecto del total como para ejercer –salvo en aquellos casos que se exijan mayorías especiales– una acción predominante respecto del conjunto, controlando por sí mismo el Consejo, sin requerir del consentimiento de los otros estamentos, situación que contradice la manda constitucional”, dijo en noviembre de 2015 el fallo de la sala II de la Cámara Contencioso Administrativo sobre la ley que actualmente rige al organismo.

Con la reforma kirchnerista de 2006, los abogados pasaron de tener cuatro a sólo dos representantes, los jueces perdieron un cargo (de cuatro a tres), al igual que los académicos (de dos a uno) y los legisladores perdieron sólo dos cargos (de cuatro a tres, tanto senadores como diputados).

El proyecto –de la entonces senadora Cristina Fernández– transformado en ley prácticamente desembocó en una parálisis del organismo por la falta de consenso del kirchnerismo con los otros sectores, ya que pudo bloquear decisiones importantes que precisaban de los dos tercios de los votos, como la aprobación de ternas de candidatos a jueces y el envío a juicio político de un juez.

Pese a mantener el mismo número de miembros, esta situación se modificó durante el macrismo, donde se aprobaron durante el año pasado y el el anterior, en promedio, muchas más ternas de jueces que en los períodos previos del gobierno kirchnerista.

La reforma de 2006 en el organismo, aún vigente, precedió a la que siete años después aprobó el kirchnerismo en el Parlamento, que establecía la elección de representantes de los abogados y los jueces a través del voto popular en las listas de los partidos políticos. Esta nueva y cuestionada reforma, a la que se calificó “democratización de la Justicia” fue inmediatamente declarada inconstitucional por la Corte.

Ahora, el máximo tribunal esperará la palabra de la Procuración antes de dictar sentencia sobre la ley 26.080 -aunque ella no sea vinculante- y si es que el poder político no resuelve en el Congreso una nueva ley, como preferirían en el máximo tribunal, según dijeron fuentes judiciales.

Lucio Fernández Moores

Fuente: CLARIN

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