En marzo, Rony Silvano fue capturado en flagrancia en la zona de amortiguamie...
En marzo, Rony Silvano fue capturado en flagrancia en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tampopata. Esta foto ayudó a la fiscalía a demostrar el acto ilícito. (Foto: Manuel Calloquispe/Archivo)

Estaba en una balsa cuando la fiscalía lo encontró. Desde esa embarcación, Rony Franco Silvano operaba un motor de 60 caballos de fuerza, conectado a un tubo, para extraer el oro de la tierra en la Reserva Nacional de Tambopata, en Madre de Dios.

La escena fue fundamental. Al encontrarlo en flagrancia, un juzgado de la región ordenó siete meses de prisión preventiva contra él por el presunto delito de minería ilegal en forma agravada. Silvano podría recibir una condena de hasta ocho años de cárcel.

Esto sucedió semanas atrás. Pero el fiscal Américo Bautista, coordinador de la Fiscalía Ambiental de Madre de Dios, cree que es probable que Silvano quede impune. “Teníamos un promedio de treinta personas con prisión preventiva, que ya habrían sido condenadas. Pero no teníamos un peritaje de la tierra. Ahí radica el problema”, dijo.

Los casos más antiguos, que se iniciaron tras las interdicciones a campamentos de mineros ilegales, son encarpetados por esa misma exigencia: los jueces piden que se demuestre el ilícito con un peritaje que determine la existencia del oro en el lugar donde se encontraban los acusados. Lo evidente no sería suficiente.

—El obstáculo—
Así como Silvano, el fiscal señala que hay siete u ocho personas más que cumplen una orden de prisión preventiva en la región, aunque no exactamente por minería ilegal agravada, sino por otros delitos ambientales conexos.

Bajo la lógica de los jueces, la fiscalía tendría que llegar en el preciso momento en que extraen el oro ilegalmente, refirió Bautista. En Madre de Dios, no existe ningún laboratorio especializado que haga el examen solicitado. Hay uno en Cusco, pero para utilizarlo se requeriría un presupuesto extra.

“¿Tengo que esperar que hagan el daño para recién actuar? No es algo lógico. El juez está pidiendo el peritaje de la arenilla, para saber si da positivo o negativo el oro. ¡El oro no es como un botón o algo visible!”, dijo el fiscal.

—Problema de fondo—
La primera sentencia en Madre de Dios por el delito de minería ilegal agravada se dio en enero del 2014 contra Benito Atauchi Huamán, Guido Mariño Calle y Richar Vargas Sánchez. Ellos fueron atrapados por la fiscalía, un año antes, extrayendo oro en la Reserva Nacional de Tambopata, en una zona deforestada y contaminada.

Aquella vez, los tres hombres se negaron a paralizar la extracción e intentaron hundir los motores en el agua. Sin embargo, en el juicio admitieron los cargos. Así, se logró la primera condena: por la flagrancia y el acogerse a la conclusión anticipada.

Un juzgado penal dictó cinco años de prisión efectiva para Atauchi y Mariño. A Vargas le dio seis años por ser el dueño de los motores y otros materiales. Actualmente, los tres mineros ilegales ya salieron de la cárcel tras cumplir la mitad de su pena. Uno de ellos tiene semilibertad y los otros dos están con libertad condicional hasta el 2019.

Según un último reporte del Poder Judicial, en lo que va del 2018 no ha habido ninguna sentencia por el delito de minería ilegal en la Corte Superior de Madre de Dios. En todo el país solo hubo una por este ilícito: fue en Arequipa, aunque absolutoria. Asimismo, entre el 2014 y el 2017, hubo 67 sentencias condenatorias en el Perú. En Madre de Dios, solo fueron ocho, según la Procuraduría Ambiental.

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, reconoció esta situación. Consultado por El Comercio sobre las escasas condenas por minería ilegal, admitió que hay “un poco de impunidad” y que la razón es la poca especialización de los jueces, aunque también indicó que falta decisión política.

“Es una batalla complicada, pero si el Gobierno Central toma la decisión pienso que sí se puede lograr […] No tenemos una suerte de especialización. Estamos un poco atrasados en la lucha contra la minería ilegal”, dijo.

El 20 de abril, empezará a funcionar el Primer Juzgado Ambiental en Madre de Dios, que por ahora contará con un juez. La creación de un juzgado puede costar más de S/1 millón, precisó Rodríguez, quien buscará reunirse con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, para pedirle que el Ejecutivo tome una decisión: “Se va a erradicar la minería ilegal o no”.

No obstante, sin una sensibilización con las denuncias, el nuevo juzgado repetirá lo que ya existe en la región. César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, lo explicó así: “La mayoría de magistrados aplica la lógica de ‘si te robo un celular es como si destruyeras un bosque’. Así no funciona. Se requiere mucha capacidad, pero también sensibilidad social, con la naturaleza”.

En lo que va del 2018, no existe ninguna sentencia condenatoria contra un minero ilegal. El presidente del PJ reconoce atraso.

Giovanna Castañeda Palomino

Fuente: EL COMERCIO

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