El oficialismo rechazó en Diputados el proyecto, pero cálculo el co
El oficialismo rechazó en Diputados el proyecto, pero cálculo el costo fiscal que tendrá Fuente: LA NACION – Crédito: Ricardo Pristupluk

En vísperas del inicio del debate sobre tarifas en el Senado, el radicalismo advirtió que, si bien el proyecto original sobre tarifas fue “suavizado” durante su debate en la Cámara de Diputados, si llega a ser convertido en ley le costará al Estado 170.300 millones de pesos en los próximos dos años.

Según un informe que elaboró el equipo de asesores económicos del jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, el costo fiscal del proyecto significará un 0,4% del PBI para 2018 y 0,5% para 2019, esto es, 155.400 millones de pesos. Pero si a ese importe se le suma la estimación del costo por devolución de los importes recaudados por Edenor y Edesur por aumentos a partir de diciembre, y compensaciones a la producción de GLP (gas licuado de petróleo) por la aplicación de un precio máximo a la garrafa, el costo total del proyecto ascendería a 75.500 millones de pesos para 2018 y 94.800 millones para 2019. Es decir, un total de 170.300 millones de pesos para el período de emergencia tarifaria.

La iniciativa, que se aprobó la semana pasada en la Cámara de Diputados, comenzará a ser tratada mañana en el Senado en un plenario de las comisiones de Derechos y Garantías, Presupuesto, y Energía, Minería y Combustibles. Propone, en líneas generales retrotraer las tarifas de agua, gas y luz a noviembre de 2017 y establece que los servicios se actualizarán de acuerdo al Coeficiente de Variación Salarial (que considera a los trabajadores del sector público y del privado registrado y no registrado) en el caso de los usuarios residenciales y al Índice de Precios Mayoristas para las PyMES. Esto no será para todos los usuarios residenciales: no incluirá a los de mayor consumo.

El proyecto prevé que si un usuario pagó desde noviembre de 2017 y hasta la sanción de la ley por sus servicios un valor más alto que la evolución de los salarios tendrá “un crédito a favor” que las empresas le deberán devolver.

Además, también propone ampliar la tarifa social. Actualmente pueden acceder trabajadores o jubilados que tienen ingresos menores a dos salarios mínimos (el salario mínimo es $9.500, por lo que el límite hoy es de $19.000). La ley propone aumentar el límite a tres salarios mínimos (o sea, a $28.500), además de incluir a esta tarifa a entidades culturales y organizaciones educativas, entre otros.

Laura Serra

Fuente: LA NACIÓN

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